Lucía Barrera, Directora de
Gaceta Médica
| viernes, 09 de octubre de 2015 h |

El paciente como centro del Sistema Nacional de Salud se ha convertido en un eslogan muy socorrido y con demasiado frecuencia vacío de contenido. Y es que el paciente se siente con frecuencia más la diana que el eje, como bien comentaba la pasada semana el presidente de la AGP, Antonio Bernal, durante la III Jornada de Pacientes de la alianza. Esta claro que la moda ahora es abogar por la necesidad de que el usuario del sistema sea partícipe del mismo. Lo hemos visto incluso en los recientes nombramientos autonómicos que han incluido en la retahíla de cargos el concepto de “humanización”.

Se ha avanzado, y mucho, en el reconocimiento de las asociaciones de pacientes como interlocutores válidos pero aún perduran trazas de despotismo ilustrado y de utilización propagandística. Los usuarios del SNS no pueden ser los convidados de piedra, no vale con hacerse la foto, es el momento de demostrar y para ello primero hay que hacer autocrítica y no sólo por parte de la administración, sino que también los profesionales y los propios pacientes deben entonar el mea culpa.

Los profesionales sanitarios, compañeros naturales de viaje de los usuarios del sistema, se amparan en ocasiones en el interés general cuando soterradamente lo que defienden es su corporativismo. Las rencillas que se viven entre profesiones (lo estamos viendo con la prescripción enfermera) o entre las propias especialidades (que se ‘pelean’ por ser los que llevan la batuta de una u otra patología) no suman en nada.

Si bien es cierto que la legislación de nuestro país —que contribuye a perpetuar el paternalismo, evitando formación e información, sobre todo en lo que respecta a fármacos— no ayuda, también los pacientes tienen que ganarse su capacidad de representación. No vale sólo con quemar las naves, hay que tener argumentos estructurados y un conocimiento del funcionamiento de la sanidad. Resulta bastante significativo que el 70 por ciento de los pacientes crónicos no sepa que el máximo responsable de su salud no es el ministerio de Sanidad, sino su propia comunidad.