La junta directiva del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) logró este martes la aprobación de las cuentas del ejercicio 2012 con un apoyo cercano al 60 por ciento en una asamblea de compromisarios marcada por la polémica. El apoyo de Guillermo Sierra a los resultados económicos fue clave en un momento más que complicado por la delicada situación social y económica de la sanidad y de los médicos en Madrid.
López Arribas comenzó la asamblea con el agradecimiento a tres personas ajenas a la junta directiva, Carlos Amaya, Ramón Hermosilla y Antonio Mora. La presidenta del Colegio destacó que sin la colaboración de estas tres personas, la corporación no habría podido cumplir hasta la fecha con los compromisos electorales. En su intervención, denunció la falta de libertad personal para llevar a cabo su proyecto y reclamó más ayuda a los compromisarios con el objetivo de realizar una modificación de los estatutos y prohibir los contratos estatutariamente. Sin embargo no ha querido defender esta medida a la hora de realizar contratos con sus asesores.
Los compromisarios han solicitado en reiteradas ocasiones que todos los contratos con empresas externas se aprueben por asamblea. Esta cuestión continúa pendiente. La junta sí ha quedado obligada a informar y someter a votación aquellos gastos que superen los 60.000 euros y que se encuentren fuera del presupuesto, según ha explicado Guillermo Sierra a Gaceta Médica.
Durante la asamblea se produjeron diferentes enfrentamientos. “Una serie de intervenciones personales se podría haber evitado para que la junta directiva pueda cumplir lo mejor posible con su función”, explicó Sierra. La salida de Carlos Amaya fue uno de los capítulos que más polémica suscitó. Amaya señaló que abandonó voluntariamente el Colegio por motivos personales. La respuesta no se hizo esperar. La vicepresidenta alegó que la junta directiva dejó de confiar en su trabajo como asesor después de que éste recomendara evitar la controversia con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por las últimas medidas adoptadas y dejar de lado las protestas de los sindicatos y los médicos.
Las diferencias no quedaron ahí. La presidenta evitó responder a una pregunta sobre las nuevas funciones del ex director gerente, Antonio Mora. Mora continuará ligado al Colegio como asesor de la presidenta, aunque ha perdido sus funciones de toma de decisión.
La última polémica se produjo por la negativa de la presidenta a responder a la pregunta de Guillermo Sierra sobre el sueldo y los costes completos de cada miembro de la Asesoría Jurídica, presentes en la asamblea. La excusa de la Ley de Protección de Datos no dejó a nadie satisfecho y generó bastantes dudas en los compromisarios. “Con nuestra cuota pagamos el sueldo de los asesores. Nos parece absurdo que no podamos conocer las cifras”, señaló Guillermo Sierra.
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) se convirtió en la principal oposición Sonia López Arribas. Aparte de rechazar la aprobación de las cuentas, diferentes miembros del entorno de AFEM como Asun Romero o Pedro Yuste pusieron en duda la capacidad de liderazgo de la presidenta.
