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El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno este viernes al conjunto de medidas acordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado miércoles, con el que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que esperan ahorrar los 7.000 millones de euros, “incluso algunos más”, anunciados por Rajoy con iniciativas que pondrán a salvo la sostenibilidad sanitaria.
A falta de conocer la letra pequeña de la normativa al cierre de esta edición, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado del sábado, la reforma del copago farmacéutico, que se fijará por renta en lugar de diferenciar clases pasivas y activas, como hasta ahora, ha sido la medida con mayor repercusión mediática, al igual que el freno al turismo sanitario. Sin embargo, en la práctica, aunque sólo puede hablarse de estimaciones, resulta más llamativo su impacto social que su peso puramente económico. Eso sí, la ministra ha asegurado que con éstas y otras medidas, que configuran un acuerdo de seis puntos, se evita el copago asistencial.
Por primera vez en la historia, los pensionistas tendrán que abonar un 10 por ciento del precio de los fármacos, con un límite de ocho euros mensuales en quienes perciban las pensiones bajas y de 18 en las más altas. En la población activa, se establecen dos clasificaciones. Por debajo de los 18.000 euros anuales de ingresos se mantiene la aportación actual del 40 por ciento, y a partir de esa cantidad, con un máximo de 100.000 euros anuales, la participación del ciudadano sube al 50 por ciento. Por encima de los 100.000 euros anuales, el copago será del 60 por ciento, con un tope de 60 euros mensuales. Pero también por primera vez los desempleados sin prestación no pagarán por los medicamentos, “hasta que encuentren un trabajo” matiza la ministra de Sanidad, una exención que también se mantendrá en las pensiones no contributivas, así como en las de reinserción.
Las comunidades contarán con un plazo de dos meses para poner en marcha la medida, en función sus necesidades técnicas. Según la ministra, donde hay tarjeta sanitaria o receta electrónica se podrá realizar de forma inmediata, y habrá que buscar un sistema en aquellas zonas que carecen de estas tecnologías, aunque, asegura, “no es más difícil que lo que hay ahora. Será cuestión de incorporar algún tipo de receta más”.
Disuadir y no recaudar
En la práctica, su implantación no resulta ni tan sencilla ni tan rentable. No obstante, Mato insiste en que su objetivo es disuadir, más que recaudar. De hecho, permitirá ingresar entre un 1,5 y un 2 por ciento del total del gasto farmacéutico, alrededor de 200 millones de euros, frente a los más de 800 que habría supuesto la extensión de la tasa catalana por receta, descartada, según Mato, por ser demasiado lineal. Sí esperan evitar que, como el año pasado, 3.700 toneladas de fármacos terminen en el punto Sigre de la farmacia, con un valor superior a los mil millones de euros.
Para frenar el turismo sanitario, la ministra anuncia que se incorporará al derecho español un artículo de la directiva europea que prohíbe de forma explícita desplazarse en busca de atención sanitaria. Además, se modificará otro artículo de la Ley de Extranjería sobre el derecho al aseguramiento que impedirá que familiares de residentes en nuestro país acudan, reciban asistencia, “y se marchen de nuevo”. Según los cálculos del ministerio, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones que se ahorraría con ello.
Otro punto del acuerdo pasa por mejorar la eficiencia en los recursos humanos del sistema sanitario, que, según la nota de prensa, supondrá un ahorro estimado de 470 millones de euros, aunque Mato no da detalles por ahora y asegura que los avances se presentarán en un par de meses. “Vamos a tener el registro y trabajamos para incluir las medidas en el próximo Cisns, que aportarán eficacia y eficiencia. Será bueno para todos”, asegura.
Discreción máxima a pesar de que una hora antes del encuentro entre la ministra y los consejeros el pleno de la Comisión de Recursos Humanos también se reunía en el mismo edificio. Al parecer, los directores autonómicos habrían recibido ya información sobre las modificaciones legales que estudia el ministerio, así como datos sobre los tímidos avances de los grupos de trabajo creados en el anterior Interterritorial, en los que se apunta coincidencias en la necesidad de aumentar el peso de la retribución variable de los profesionales.
Cartera en tres partes
Para el próximo Interterritorial, Mato también espera tener lista la reordenación de la cartera básica común de servicios, sobre el criterio de la Agencia de Evaluación de Tecnologías, lo que permitirá maximizar la eficiencia y generar un ahorro aproximado de 500 millones de euros.
La cartera común se estructurará en tres categorías y girará de nuevo sobre criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Mato insiste en que la cartera “básica común seguirá incluyendo todos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dispensados en centros sanitarios, además del transporte urgente. Toda la asistencia sanitaria seguirá siendo gratuita”. Además, se fijará una cartera suplementaria, que contempla las prestaciones por dispensación ambulatoria o por terceros, en la que se incluye la prestación farmacéutica, y otra cartera común accesoria, en la que se recogen productos como las cremas para determinadas enfermedades crónicas que sólo financian algunas regiones.
Asimismo, eliminando duplicidades como fruto del pacto sociosanitario se evitará un gasto estimado en 600 millones de euros.
Por otra parte, la plataforma centralizada de compras permitirá ahorrar hasta el 50 por ciento en fármacos y tecnología sanitaria a las comunidades autónomas. Con su desarrollo se espera dejar de gastar más de 1.000 millones de euros, según la ministra.
En materia de farmacia, junto a la revisión del copago, ministerio y consejeros han acordado medidas como la actualización del Nomenclátor, del que se eliminarán los fármacos de baja utilidad terapéutica, con un ahorro de 400 millones de euros, o el impulso al uso de genéricos y fármacos de precio menor, con lo que se ahorrarán 350 millones de euros. No obstante, la suma de todas las cantidades recogidas en la nota apenas alcanza los 5.000 millones de euros.
Las cuentas sí cuadran si se tiene en cuenta una estimación de la ministra en la rueda de prensa posterior, en la que aseguró que “en la parte de genéricos y medicamentos”, avanzando también en los precios de referencia para abaratar los fármacos de mayor uso, y en “precios seleccionados” el sistema sanitario ahorrará entre 3.000 y 3.500 millones de euros. Eso sí, la respuesta no es nada clara cuando se le pide que especifique los términos de esa bajada de precios de medicamentos. En ese punto, Mato asegura que trabajará con la industria para rebajarlos “sin merma de la innovación”. Tampoco despeja las dudas sobre la fórmula de “precios seleccionados”. El BOE aclarará si simplemente es una nueva denominación para un nuevo esquema en línea con las subastas andaluzas recurridas ante el Tribunal Constitucional por el propio ministerio.
Mato calla las líneas de ordenación profesional que ya conocen los directores regionales
El BOE aclarará si los “precios seleccionados” llevan al ámbito nacional las subastas andaluzas
El presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha asegurado que la revisión del copago farmacéutico es “una solución más de las muchas que se pueden barajar desde el punto de vista técnico”. En una nota de prensa, reclama que el anterior sistema no era justo ni eficaz y hace hincapié en la necesidad de poner al excesivo consumo de medicamentos en nuestro país. “El médico receta, pero no puede impedir que el paciente acumule medicamentos en casa, y hay que poner una solución porque estamos en un momento crítico”, sostiene. En la misma línea, pide a los profesionales que se esfuercen por recetar y mandar las mejores pruebas, pero evitando duplicidades y derroche.
Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha subrayado que las medidas adoptadas por el Interterritorial son “necesarias, correctas y razonables” pero, al mismo tiempo, “claramente insuficientes por sí solas” para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Desde otra perspectiva, la Confederación de Consumidores y Usuarios rechaza el pago de los jubilados frontalmente: Hay alternativas que pasarían por auditar los gastos del SNS para comprobar si es realmente eficaz.