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“La futura ley apuesta por la modernización de los colegios que venimos demandando hace años”
Pedirán que se endurezcan aún más incluyendo, por ejemplo, la imposibilidad de ser liberado sindical
Desde que en 1982 surgió la primera iniciativa para modificar la normativa de colegios profesionales en nuestro país, estas entidades han sido cuestionadas y discutidas hasta que ellas mismas han ido entendiendo cuál era su papel y asimilando que era necesario ese cambio conceptual y legislativo para pasar de defender los intereses gremiales a los generales.
Sin embargo, por evitar conflictos a nivel de las competencias autonómicas y por la resistencia al cambio de las propias organizaciones, ningún gobierno se ha atrevido a sacar adelante esta transformación que finalmente ha venido impulsada por la directiva europea de Servicios Profesionales a través de la Ley Ómnibus, tal y como ha explicado el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado.
En su opinión, el borrador que maneja el Ministerio de Economía para el anteproyecto de ley sigue las pautas de esta normativa y recoge los principios impulsados por su organización, garantizando la imparcialidad, la independencia y el secreto profesional y protegiendo los derechos del paciente. Además, la considera una apuesta por la “modernización” de los colegios como órganos reguladores de sus profesiones y adaptados a la realidad europea, algo que el sector venía demandando desde hace años.
Así, Economía ha recogido la colegiación obligatoria para los profesionales sanitarios que tengan contacto con el paciente y ha establecido que esta competencia es exclusiva del Estado por lo que las comunidades autónomas no podrán legislar al respecto, dos de las peticiones elevadas por el CGE, que también promovió la separación de poderes en estas entidades incluida en la futura regulación. En la actualidad sólo el poder legislativo está reconocido como tal en las asambleas generales, tanto de los colegios provinciales como en el Consejo General, pero el poder ejecutivo y el judicial confluyen en las juntas directivas o de gobierno, de las que dependen las comisiones deontológicas, que no tienen capacidad de decisión. En este sentido, González Jurado aboga además porque el órgano judicial no lo integren sólo miembros de los colegios sino agentes externos, a imagen y semejanza del modelo anglosajón, algo que otorgaría “fortaleza y credibilidad” a estas entidades.
El presidente del CGE también se muestra satisfecho con la rigidez de las incompatibilidades —las juntas directivas de las organizaciones colegiales no podrán tener puestos de responsabilidad en sindicatos, mutuas, organismos públicos o partidos políticos—, que pedirán que se endurezca aún más incluyendo, por ejemplo, a los liberados sindicales, ya que se producen situaciones en las que se “menoscaba” claramente el nivel de independencia.
Por otra parte, el Consejo Enfermero reclamará al ministerio que incluya en el texto la recertificación obligatoria de los profesionales pues, por el mero hecho de tener un título, éste no les puede habilitar para toda la vida, mucho menos en ámbitos protegidos y regulados como el de los sanitarios.
En cuanto a la posible eliminación de los colegios provinciales, González Jurado la considera positiva en los casos en los que no exista una justificación, pues agrupar es “racionalizar costes” dentro de las economías de escala y con las facilidades de las nuevas tecnologías es posible llegar hasta el último rincón del país. Así, su Consejo estudiará si es necesario hacerlo aunque el colegio más pequeño cuenta con 500 afiliados por lo que cree que no será procedente.
