La Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Enfermería (CGE) ya han presentado sus alegaciones al Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales ante el Consejo de Estado, que prevé iniciar el análisis de las reclamaciones de todas las organizaciones colegiales el lunes 20 de enero. Los enfermeros han mostrado su disconformidad con algunas de las novedades que recoge el Anteproyecto del 20 de diciembre y que se remitió al Consejo de Estado, como es la eliminación de la cuota de inscripción que ha recomendado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (ver GM 495). Por su parte, los médicos mantendrá la misma línea que en septiembre.
Fuentes del Consejo de Estado han explicado que los trámites para la publicación del dictamen podrían prolongarse más de lo previsto inicialmente, ante el gran número de alegaciones que han llegado a la institución que preside José Manuel Romay Beccaría.
La valoración de la normativa que realizan ambos consejos generales es positiva, pero la propuesta de Competencia ha recibido diferente opinión por parte de médicos y enfermeros. “No puede ser que nos carguen de responsabilidades y eliminen las cuotas de entrada”, argumenta el presidente del CGE, Máximo González Jurado. La CNMC había alegado que este pago de 40 euros suponía una barrera para la colegiación, un juicio que no comparte Enfermería. “A un joven que llega al colegio se le ofrece formación, información, búsqueda de empleo…”, destaca González Jurado para justificar la necesidad de ese pago inicial.
El secretario general de la OMC, Serafín Romero, considera que esta cuestión no revestirá importancia. “El tema de cuotas colegiales nos afecta poco porque se determina que no debe exceder de 250 euros al año y nuestra media es de 300 euros”. Romero explica que está abierto en la ley que los colegios puedan cambiar esta cuota ante determinadas necesidades. “Incidiremos en aquellas cuestiones que no han sido modificadas en este segundo borrador”, añade.
Tres quintos de la Asamblea
Pero el Anteproyecto establece una mayoría de tres quintos para que pueda cambiarse la cuota colegial en asamblea. Romero afirma que habría que matizar este punto, aunque ha manifestado que su organización no va a alegar al respecto. González Jurado se muestra más crítico: “Para la disolución del colegio o para temas de mucha trascendencia se entiende una mayoría de tres quintos de la asamblea pero para el cambio de una cuota colegial me parece excesivo”.
La normativa establece una facultad al Gobierno para que pueda actualizar las cuotas en caso de que no se produzcan consensos en la asamblea colegial. El presidente de la CGE cree que esta potestad que la normativa en ciernes otorga al Ejecutivo supone una intervención sobre los colegios.
A pesar de las novedades introducidas el pasado 20 de diciembre, la principal discrepancia entre médicos y enfermeros continúa en las incompatibilidades, que no han variado desde la primera versión del anteproyecto. La normativa establece que los cargos directivos de los colegios no pueden compaginar sus puestos con funciones de dirección en la Administración, en partidos políticos, en sindicatos y en mutualidades o entidades de seguros.
Enfermería es partidaria de mantener este punto, mientras que los médicos consideran que son los propios colegios los que deben definir los conflictos de intereses. “Si se establece un régimen de incompatibilidades habría que especificar por qué uno sí y otros no”, advierte Romero. En este punto, añade que para cargos en los que se establezca una dedicación exclusiva deberían mantenerse la plaza y la antigüedad, entre otras cuestiones.
En esta cuestión, la OMC cuenta con el apoyo del Consejo Económico y Social que en su dictamen también se ha manifestado en contra de este punto de la normativa ante la amplitud del término cargo directivo.
El establecimiento de los conflictos de intereses sería una de las tres patas sobre las que se asientan las prioridades de la OMC. Las otras dos son la territorialidad y la última, la comisión de seguimiento que establece la ley para el seguimiento del desarrollo de las corporaciones “y en la que aún no se encuentran los propios colegios”, reitera.
Una valoración positiva
No obstante, y pese a las discrepancias, ambas organizaciones consideran positivo el anteproyecto. “Ha habido cosas que se han matizado como el papel de la Administración que entraba hasta la cocina de los colegios y se ha definido cuáles funciones públicas de los colegios”, subraya el secretario general de la OMC.
En la mima línea, se manifiesta González Jurado que califica la ley de “muy moderna y positiva”, aunque insiste en que aún existen cuestiones que se deben mejorar. Una vez que el Consejo de Estado emita su dictamen, el anteproyecto deberá pasar por el Consejo de Ministros y finalmente por el Parlamento para su aprobación definitiva.
Médicos y enfermeros coinciden en la necesidad de revisar el punto del anteproyecto que recoge el lugar de colegiación de los profesionales. El último texto del 20 de diciembre mantiene la posibilidad de que el profesional pueda colegiarse en una ciudad diferente adonde ejerza, a pesar de las alegaciones que presentaron en septiembre los consejos generales ante el Ministerio de Economía y Competitividad. “El profesional debe colegiarse allí donde desarrolle su actividad profesional principal, que es lo marca la Ley Ómnibus de 2009”, explica Serafín Romero.
Tanto la OMC como el CGE consideran que el lugar de colegiación tal y como aparece en la Ley de Servicios y Colegios Profesionales en trámite pone en peligro los derechos de los pacientes. González Jurado explica que en el caso de que tuviera que abrirse un expediente a un profesional por una mala práctica deberían intervenir en el proceso tres administraciones diferentes para la toma de una decisión: el colegio al que pertenezca el profesional, la corporación de la ciudad en la que ejerza y por último el consejo general.
El presidente del CGE insiste en que la Administración debería simplificar los trámites con el objetivo de garantizar la protección de los pacientes. Economía pretende que el colegio donde ejerza abra el expediente y que sea la corporación en la que se encuentre colegiado el profesional la que sancione.
