Castilla y León seguirá aplicando políticas de austeridad durante 2012 con el objetivo de cumplir con el nuevo techo del 1,5 por ciento del déficit marcado por el Estado para las comunidades autónomas, pero gracias a la aplicación del ‘céntimo sanitario’ lo hará sin necesidad de imponer un gran recorte en las partidas presupuestas previstas en Sanidad o Educación, tal y como ocurre en otras autonomías. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó un límite de gasto de 9.720 millones de euros en el proyecto de presupuestos regionales para 2012, lo que supone un descenso del 3,4 por ciento, alrededor de 589 millones de euros, con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2011.
Las cifras, en esta ocasión, no constituyen una gran sorpresa, ya que las cuentas vienen bastante determinadas ya por el Plan de Ajuste (2012) y el Plan Económico Financiero (2012-2014), que constituyen la base de unos presupuestos en los que el gasto social acapara el 79 por ciento de los 7.821 millones que tendrán las consejerías para sus políticas y el 94 por ciento de los recursos propios de la región. El proyecto de presupuestos presenta recortes en casi todas las partidas, pero el ejecutivo regional se ha esforzado en limitar los recortes en Educación, que verá rebajado su presupuesto un 7,10 por ciento, y Sanidad, cuyos recursos apenas se recortan un 0,90, gracias en gran medida a la puesta en marcha, el pasado mes de marzo, del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, con el que la administración espera recaudar alrededor de 343,6 millones en los próximos tres años, un centenar en 2012.
No obstante, esta no será la única acción que afectará al ahorro. En su Plan Económico Financiero, el Ejecutivo castellano-leonés incluye 69 medidas con las que espera ahorrar cerca de 859 millones de euros en gastos en los próximos tres años y dispone ajustes en su política de ingresos por valor de 619,28 millones. Una planificación en la que se incorporan la mayoría de medidas impulsadas en los últimos tiempos, pero que tendrá su vertiente más novedosa en aquellas que se deriven de la aplicación de los nuevos reales decretos-ley aprobados en ambos ámbitos.
Medidas en Sanidad
Así, más allá de las que con carácter general afectarán a todos los sectores públicos, el capítulo de gastos de personal del plan establece que, en lo referente al ámbito sanitario, se adoptarán medidas complementarias como son la reordenación de las atenciones primaria, especializada y continuada, la racionalización del gasto en unidades de gestión clínica, y la reducción e integración de estructuras administrativas en los servicios periféricos. Además, se establecerá la previsión de la jubilación a los 65 años.
En el apartado de gastos en bienes corrientes y servicios, se disminuirá la actividad concertada y se potenciará la compra centralizada de medicamentos para los servicios de farmacia hospitalaria, así como para los tratamientos de anticoagulantes orales y artículos de otra índole. Asimismo, se eliminará el servicio de manutención en atención primaria y especializada, se reducirán los costes de adquisición de componentes sanguíneos y se fomentará la compra agregada de prótesis e implantes. Iniciativas que se conjugarán con la suspensión de la caducidad de la tarjeta sanitaria y la racionalización de la actividad de los laboratorios.
En cuanto a las transferencias corrientes y de capital, a los 19 millones que se ahorrarán por la desaparición de 11 de los 38 entes participados por la comunidad, se une la rebaja en las ayudas y subvenciones otorgadas directamente por la comunidad. Sin embargo, el apartado más sobresaliente será el correspondiente al gasto farmacéutico, afectado por los reales decreto-ley 9/2011 y 16/2012, aunque especialmente por este último, que supondrá un ahorro de 121 millones de euros solamente durante este curso.
El ahorro del 16/2012
Sobre este particular, cabe destacar la categorización de la cartera de servicios del SNS, diferenciando entre cartera común básica, suplementaria y de servicios accesorios, y la previsión de importes máximos de financiación para estas dos últimas, que permitirá ahorrar 2,5 millones entre 2012 y 2013. Por otra parte, en materia de prestación farmacéutica, la financiación por criterios de coste-efectividad y de evaluación económica posibilitará ahorrar 6,5 millones en 2012 y 12,7 en 2013. A este importe habría que añadir los 33,5 millones que se calculan a partir de las medidas dispuestas ya para el ejercicio pasado, y los 19 correspondientes al ahorro derivado de la actualización del sistema de aportación por parte del usuario y su adecuación al actual modelo de financiación del SNS.
Estas medidas estarán secundadas por otras, como la reducción de la autoconcertación, que supondrá 14,3 millones de euros en dos años, la ampliación de la jornada, que ahorrará 30,8 millones en tres ejercicios y la no complementación de la incapacidad temporal, equivalente a 12 millones en 2012 y 2013.
