| jueves, 27 de junio de 2013 h |

Algo más de un mes después de que María Jesús Montero, consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, anunciara un Acuerdo Marco de alternativas terapéuticas equivalentes (ATE), el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha querido dar a conocer su posicionamiento en este tema. Así, esta organización, según declaraciones de su presidente, Francisco José Martínez Amo, ha calificado de “imprescindible” el mantenimiento de la libertad de prescripción del médico. “La implantación de un sistema de equivalencias terapéuticas que no contemple alternativas razonables científicamente elimina la posibilidad de recetar fármacos que puedan resultar más beneficiosos para los pacientes”, ha asegurado Martínez Amo, que ha reiterado también que “solo el médico está capacitado para decidir qué medicamento debe tomar cada paciente concreto”.

En segundo lugar, Martínez Amo ha subrayado que no se puede seleccionar únicamente por criterios económicos y que “es obligación ineludible de las administraciones públicas, concretamente de la Consejería de Salud y el SAS en Andalucía y el Ministerio de Sanidad en España, consensuar con la profesión médica todas las cuestiones que tengan que ver con fármacos y sus efectos, siendo un enorme error seleccionar únicamente con criterios económicos, sin atender a criterios científicos médicos objetivados universalmente”. Además, el presidente del CACM no solo incluyó en esta necesidad de consenso a los médicos, sino también a otras profesiones sanitarias.

Además, Martínez Amo también recordó la importancia de que cuestiones como estas se hagan desde “el Consejo Interterritorial con el Ministerio de Sanidad, de manera consensuada con los profesionales, unificadamente para toda España ya que, en caso contrario, se puede romper la cohesión de nuestro sistema y generar desigualdad entre los pacientes de las distintas comunidades, no pudiendo recibir los mismos tratamientos en todas ellas”. Ya por último, el presidente del CACM apuntó a la obligación de garantizar la seguridad de los pacientes.

Por otro lado Miguel Ángel Caracuel, vocal de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME) afirmó que “las declaraciones de equivalencia terapéutica que llevan a cabo algunos organismos evaluadores en nuestro país, en base a estimaciones indirectas, carecen del necesario rigor científico y suponen, de facto, una limitación en la capacidad de prescripción del médico, al excluir medicamentos que han sido autorizados por la autoridad sanitaria e incluidos en prestación farmacéutica pública”. Del mismo modo ha señalado que “solo el médico, en base a la mejor evidencia científica disponible, es el que tiene la capacidad y la responsabilidad legal para elegir el tratamiento que considera necesario para cada paciente”, alertando sobre el riesgo de estas iniciativas autonómicas para la calidad, la cohesión y la equidad del Sistema Nacional de Salud. “Sería un gran error la introducción de equivalentes terapéuticos solo como medida de ahorro farmacéutico.

Y es que, concluyó Caracuel, “tener que prescribir el medicamento más barato, sin considerar la mejor opción individualizada para cada paciente, a la larga, con seguridad repercutirá en un peor resultado en términos de salud del mismo y en un aumento del gasto farmacéutico y hospitalario, ya que este tratamiento puede no ser el más eficiente, por lo que se necesitarán más recursos (pruebas, ingresos hospitalarios, otras terapias, etc.) hasta lograr la mejora del enfermo”.

Finalmente, Águeda Alonso, representante de la Plataforma Andaluza para la Defensa de la Salud y de la Federación Andaluza de Esclerosis Múltiple, ha incidido en que “los médicos tienen que tener libertad para prescribir la medicación que sea necesaria en cada momento, sin imposiciones, y deben respetar el juramento de velar por la salud de los pacientes, por encima de cualquier otro interés”. Además ha afirmado que “por cuestión económica estamos perdiendo las garantías de un servicio médico y sanitario adecuado” y que “nuestro sistema sanitario se está saltando las normas éticas y morales y cortando servicios y tratamientos, de forma encubierta”.