Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Aciertan plenamente los sindicatos y algunas sociedades científicas cuando lamentan la falta de profesionales sanitarios en centros de salud y hospitales localizados de toda la geografía española. También cuando se quejan de forma abierta de las nuevas órdenes draconianas adoptadas por varias consejerías y servicios de salud para congelar salarios y sustituciones de los profesionales, con el fin de proporcionar algo de ahorro a las depauperadas arcas públicas. Pero se equivocan todos aquellos que rechazan la posibilidad de recortar gasto innecesario por la vía del llamado Capítulo I, el correspondiente al personal. Los datos que surgen a cuentagotas en la geografía española demuestran que existe tanto espacio para el ahorro y para la reorganización eficiente de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud como para la utilización racional de los medicamentos. Desgraciadamente, la primera de las vías está casi inexplorada, pese a representar alrededor de un 50 por ciento del gasto sanitario público. El País Vasco, por ejemplo, ha detectado que alrededor de un 10 por ciento de sus empleados está de baja con una frecuencia desmesurada en los centros sanitarios de la comunidad. La cifra entronca con las obtenidas por Madrid, la autonomía que, posiblemente, mejor ha medido el impacto ocasionado en la factura pública por el absentismo injustificado y por la abulia laboral de algunos trabajadores que se amparan en el anquilosado régimen funcionarial existente.
En esta comunidad, por ejemplo, cada uno de los 80.000 empleados sanitarios está de baja una media de 21 días al año. Al mes, la media global es de 1,82 días de baja en primaria y de 1,74 días en atención especializada por cada trabajador. La suma de jornadas laborales perdidas por esta contingencia encuadrada dentro de las incapacidades temporales es de 1,6 millones al año, lo que equivaldría a decir que alrededor de 838 trabajadores en el primer nivel asistencial y 3.547 en hospitales se encuentran de baja el año completo. En total, las arcas públicas pagan el salario al equivalente a 4.384 trabajadores que no habrían ido a su puesto ni un solo día en 12 meses. La sustitución de los mismos le supone al erario público la friolera de 81 millones de euros, y el coste total de las bajas, sustituciones incluidas, se cifra en torno a los 207 millones de euros. Si cada trabajador estuviera de baja sólo dos días menos al año, el ahorro sería de 20,2 millones de euros, y si la rebaja fuera de cuatro días, el ahorro ascendería a 40,4 millones. Se dice pronto.
No se trata aquí de denostar la cobertura social de enfermedad en el entorno sanitario, ni de lanzar al aire datos indelebles y meras estadísticas. Lo que demuestran estas cifras y las que obran en poder de las autoridades del País Vasco y de otras comunidades es que existe una bolsa de ineficiencia muy grande en materia de recursos humanos. Un agujero por el que también se fugan cientos de millones al año, del que nunca es políticamente correcto hablar. Mientras las autonomías actúan de forma discreta para no herir susceptibilidades sindicales, el ministerio calla y mira para otro lado, desperdiciando la primera oportunidad histórica que ha tenido —la del pacto contra la bancarrota— para aportar su grano de arena en el manejo eficiente de este tipo de recursos. Urge pues un acuerdo político entre las comunidades en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, que blinde de ataques partidistas previos a las elecciones municipales y autonómicas los planes de choque dirigidos a combatir el absentismo injustificado. Cualquier propuesta antigasto que no incluya medidas de este tipo en el capítulo I será un mero brindis al sol, sin credibilidad alguna.
