La verdad es que la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos no prometía mucho más allá de una mera transposición de las directivas de Farmacovigilancia y Medicamentos Falsos. Sin embargo, parece que la cosa dará de sí y que esta reforma ha hecho las delicias de los grupos políticos, ávidos de plantear propuestas en una materia que al parecer, lo puede abarcar todo: desde la prescripción para los fisioterapeutas, hasta las subastas andaluzas, el euro por receta, la formación de los médicos o incluso los biosimilares.
Los populares han estado avispados al aprovechar la oportunidad para intentar acabar con las invasiones de competencias que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas en materia de Farmacia. Quizás el modus operandi de hacerlo por la puerta de atrás no sea la más adecuada pero todo vale si se trata de amainar la sobrecarga de temas sanitarios que últimamente tiene el Tribunal Constitucional. Y es que la judicialización en esta materia sólo agudiza el retraso en la toma de medidas de eficiencia.
El Ejecutivo también ha querido hacer un guiño a las múltiples quejas que acumulan las diferentes especialidades con un proyecto de troncalidad que no gusta. Seis meses más o menos supone aportar al menos algo de flexibilidad, pero esto no será suficiente para acallar las críticas. También es novedosa la apuesta popular de intentar empezar a legislar en materia de gestión clínica. No nos cansaremos de repetir que ésta es una de las tablas de salvación del SNS.
