Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Conferencias, fotos de familia, imágenes mediáticas… La política es propaganda, y una ministra en vertiginosa carrera hacia los altares de una Moncloa cada vez más descascarillada como Trinidad Jiménez tampoco se sustrae a ella. Los foros elegidos son múltiples, pero uno sobresale posiblemente sobre todos los demás en lo que se refiere al siempre complicado arte de hacer ver cómo que se hace cuando en realidad se hace poco o nada. Al hilo de la Presidencia española de la UE, la titular de Sanidad y los especialistas en marketing del Gobierno han llevado al debate público la llamada e-Health, con una reunión de ministros europeos invitados para tan fausto evento. “La historia clínica digital y la receta electrónica son dos de las iniciativas más avanzadas de la e-Health en España”, rezaba la propaganda mediática apenas dos días antes de la inauguración del encuentro, en un nuevo intento del Gobierno de sacar pecho. “España es uno de los países participantes en el proyecto europeo epSOS para el intercambio de información clínica”, continuaba.
Desgraciadamente para Jiménez, los artífices del humo mediático de Moncloa y los expertos del fuego de artificio, sus optimistas mensajes se topan con la triste realidad. A diferencia de los trasplantes, área en la que España sí puede y debe presumir porque después de años de esfuerzo de toda una red de profesionales se encuentra a la vanguardia del mundo, en materia de sanidad digital al Sistema Nacional de Salud no le queda más remedio que agachar la cabeza y permanecer en silencio. Frente al intercambio de información clínica que propugna el Gobierno, los hechos indican situaciones verdaderamente grotescas: por no saber, las administraciones públicas no saben aún ni el número de trabajadores que tienen en nómina, ni la distribución de los mismos, ni las especialidades a las que pertenecen. Por no saber, las autoridades sanitarias no saben tampoco ni el número de médicos que hay en España, ni el de los que se necesitarán en un futuro inmediato. ¿De qué presume entonces el Gobierno, si ni siquiera cuenta con un registro básico de trabajadores sanitarios en una raquítica tabla de Excel?
Más grave aún es la propaganda lanzada en torno a la sanidad digital y a la e-Health en sentido estricto, cuando los médicos cuentan con equipos informáticos catatónicos en sus consultas. Los datos sobre la receta electrónica son reveladores del paso de tortuga al que avanza España, del descontrol administrativo, de la disparidad autonómica que existe en torno a este asunto y de la renuncia tácita del ministerio a ejercer la labor de cohesión que le corresponde. En estos momentos, la receta electrónica está sólo desplegada y en funcionamiento en los siguientes lugares: Andalucía, Extremadura, Cataluña, Galicia, Canarias, Baleares, Valencia y Castellón, en donde sorprendentemente es distinta a la existente en la comunidad a la que pertenece esta provincia. En fase de ensayos piloto, se encuentran Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras que en Madrid y en el País Vasco las pruebas se han parado. Algunos territorios consideran que, además de estéril y cara, dispara también el gasto farmacéutico. ¿Cabe mayor descontrol? ¿De qué e-Health habla entonces el ministerio cuando ni siquiera logra poner de acuerdo a las autonomías en un asunto de este calibre?
El desmadre electrónico-sanitario con la receta es, posiblemente, equiparable al de la tan cacareada tarjeta sanitaria. ¿Cómo es posible que exista un modelo distinto en cada comunidad? ¿Es acaso España un Estado federal como para que tal disparate ocurra? Estos ejemplos parecen suficientes, porque de la historia clínica electrónica o la telemedicina, lo mejor es ya ni hablar. La sanidad digital avanza, en fin, por el impulso voluntarista de algunos consejeros sin que exista autoridad central que unifique criterios, evite duplicidades y coordine las acciones emprendidas. El caos organizativo es mayúsculo. Casi tan grande como el retraso en su implantación.
