Qué sociedad científica ha decidido de forma interna realizar un acercamiento al PP, dado el rumbo de los acontecimientos, después de actuar durante los últimos siete años al servicio de algunos altos cargos socialistas?
Qué personaje de la OMC aprovecha cualquier circunstancia para criticar injustamente al director de Comunicación de esta corporación?
Qué presidente de una sociedad científica está siendo investigado por las autoridades de su comunidad por desviar pacientes de su consulta pública a la privada?
Les ocurrirá lo mismo que a la SGAE a dos organizaciones sanitarias conocidas por su corrupción?
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Al calor de la grave crisis económica que azota a España se están produciendo dos de los hechos más bochornosos que se recuerdan en los últimos años en la Sanidad, con otros tantos colectivos profesionales claramente perjudicados: los médicos y los farmacéuticos. Los primeros, pésimamente representados a nivel estatal, salvo honrosas excepciones en el ámbito de las sociedades científicas, van perdiendo poco a poco en casi todas las autonomías la capacidad de prescripción de la que siempre han dispuesto, en favor de programas informáticos o disposiciones administrativas de contenido vario pero de objetivo unitario: el recorte del gasto farmacéutico. A resultas de ello, gestores y burócratas limitan su actuación y teledirigen sus recetas, excluyendo de las mismas productos que otros gestores y burócratas de ámbito estatal habían decidido introducir previamente en el sistema. Todo kafkiano. No son de extrañar por tanto las voces críticas que a nivel autonómico se desgañitan estérilmente para denunciar esta paradoja, como por ejemplo las de los médicos gallegos. Sus colegios sostienen con razón que el catálogo de Pilar Farjas y Alberto Núñez Feijóo priva de las innovaciones terapéuticas a los enfermos y provoca discriminaciones inexplicables. El otro hecho bochornoso que se está produciendo tiene también que ver con los fármacos, y consiste en la transferencia silenciosa y bajo el formato de un goteo que se viene produciendo de medicamentos que hasta ahora eran de dispensación exclusivamente farmacéutica, con dirección al hospital.
Esta política, tolerada e incluso auspiciada por el Ministerio de Sanidad, con la complicidad de las autonomías y parte de la industria, tiene el objetivo claro de limpiar las estadísticas que se hacen públicas, y hacer ver a los ciudadanos y al Ministerio de Economía —que al final es el que manda en medio del desgobierno existente—, que se baja el gasto cuando en realidad lo hace menos de lo que se dice o, incluso, sube. La iniciativa, que lleva más de año y medio en marcha y que goza del amparo de una circular de la Dirección General de Farmacia, ha provocado el ya mencionado maquillaje de las cifras oficiales, el abultamiento del gasto de los centros hospitalarios, que en pleno 2011 aún no saben el dinero que destinan a medicamentos, y a los que le presupuesto no les llega, y el deterioro progresivo de los ingresos económicos de los farmacéuticos, cada vez más empobrecidos por el yugo de decretos y tijeretazos varios, y el bajo precio de los productos que les están permitiendo dispensar. Pese a las denuncias de la combativa FEFE, también les falla aquí a los boticarios la representación.
El bochorno se hace aún mayor al comprobar que mientras se coarta la capacidad de actuación de médicos y farmacéuticos, las autoridades mantienen los derroches y se empeñan en lanzar cortinas de humo para difuminar con ellas su nula intención de quemarse a lo bonzo, introduciendo las reformas que de verdad necesita el sistema. No conviene pasar por alto un elemento que es común a las iniciativas que lastran el ejercicio y la economía de las dos profesiones. Pese a que son las autonomías las ejecutoras de las políticas de bloqueo prescriptor y de falso ahorro, su actuación se produce ante la inhibición más absoluta del Ministerio de Sanidad, quien da carta de naturaleza con su pasividad a este tipo de actuaciones. Resulta llamativo por ello que corporaciones y organizaciones profesionales apenas hayan puesto en la diana de sus críticas al Ministerio, y sí lo hagan con consejeros que, a fin de cuentas, sí gozan de justificación para sus actuaciones: la angustiosa falta de fondos que padecen para pagar la Sanidad.
