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Profesionales y proveedores del Sistema Nacional de Salud tienen un punto en común: las dudas sobre la efectividad del RDL 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del SNS para alcanzar los 7.000 millones de euros de ahorro. Y también un deseo similar: la esperanza de que un diálogo abierto con estos colectivos permita acometer una auténtica reforma estructural que aborde las verdaderas ineficiencias del sistema y no focalice la atención en la rebaja de precios de fármacos y tecnología, una estrategia que, según aseguran, tiene un límite.
Su visión protagonizó la primera mesa de la jornada “Reforma sanitaria del RDL 16/2012 ¿Cómo se adaptará a la sanidad autonómica?”, organizada por Contenidos-GM que ofreció la óptica de estos agentes del sector.
Desde la perspectiva de los médicos, su impacto sobre los profesionales ha sido relativo, al menos en la Comunidad de Madrid. Como ejemplo, Carmen Valdés, presidenta de Semergen-Madrid, aseguró que la integración obligatoria de los médicos funcionarios y de cupo y zona en el marco estatutario no afectará a un número significativo de profesionales en la región.
Además, los médicos de primaria madrileños también se sienten “afortunados” al analizar los cambios en la prescripción que supondrá la aplicación del real decreto ley. “Tenemos mucha suerte”, afirmó Valdés, que remarcó que, según las indicaciones recibidas del Servicio Madrileño de Salud, “se respeta el criterio del médico y la situación particular del paciente al permitir la excepcionalidad terapéutica o la prescripción por necesidad terapéutica”. Aún así, recalcó que la aplicación será distinta en las comunidades y que, a pesar de eliminar la obligación de la prescripción por principio activo, la indefinición en los términos sigue siendo importante.
Asimismo, la portavoz repasó los cambios que afectarán a los pacientes. Para ellos supondrá “inequidad en la asistencia”, dada su aplicación diferente en las comunidades y también una restricción a la calidad asistencial, “al limitar las prestaciones”.
Valdés cree igualmente que puede provocar errores en la adherencia terapéutica por la “gran ambigüedad” que introduce en la prescripción farmacéutica y se mostró crítica con la revisión del copago farmacéutico: “los criterios de renta, edad y grado de enfermedad son difícilmente aplicables con equidad y supondrá un caos”, sostuvo.
Los facultativos aportaron sus propias soluciones, que pasan por contar con los médicos, “pero de verdad”, y mejorar la eficiencia en la gestión de los centros, el manejo de los recursos humanos, el organigrama de las estructuras sanitarias dirigentes y la adquisición a precios razonables de equipos y tecnología médica.
Por su parte, la secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF), Ana Aliaga, defendió que su colectivo es uno de los más afectados. Acumula pérdidas desde hace años, aunque resulta difícil cuantificar todavía el impacto que tendrá la reforma sanitaria, aseveró.
Desde el punto de vista de los proveedores, el RDL 16/2012 deja abiertos numerosos interrogantes: “no hay plazos, estamos sujetos a constantes cambios e incertidumbre”, expuso Beatriz Vicén, responsable de Public Affairs and Technical Department en Bayer Healthcare, que hizo hincapié en que “los ajustes de hoy impactan en la I+D+i y no abordan duplicidades e ineficiencias”.
En este sentido, Montserrat Almirall, directora general de Stada, también analizó el impacto del texto sobre el la industria de los genéricos que, en su opinión, se verá afectada por la desfinanciación de fármacos aprobada en el Interterritorial dos días después de la jornada: “Los genéricos reducirán sus ventas, en favor de las marcas”, sentenció. Almirall puntualizó que “los precios tienen un tope”, y que las decisiones sobre éstos no solucionan el problema. “Tendremos medicamentos con precio de coste superior al de venta, y esto se puede soportar solo un tiempo”, advirtió.
Para finalizar, Enrique Álvarez, director general-GS de Johnson & Johnson Medical mostró su preocupación por la repercusión en la tecnología sanitaria del sistema de precios máximos, la materialización de la evaluación de la innovación mediante la red de agencias y las plataformas de compras. “Pueden suponer trabas a la introducción de nuevas tecnologías y conlleva una gran complejidad burocrática y el consiguiente retraso en la incorporación”, indicó. Álvarez no ocultó sus dudas sobre si podrán preservar la calidad de los productos si se mantienen recortes en los precios de los concursos.
