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Enmarcado como una necesidad urgente, que no podía esperar para hacer viable el presupuesto sanitario de 2012, el Real Decreto-ley 16/2012 va a ser un escollo difícil de superar en la subcomisión que la semana pasada se constituyó formalmente en el seno de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Las tres formaciones clave en el pacto son conscientes de que la demanda social en torno al mismo lo hace, no solo necesario, sino casi obligatorio. Pero los condicionantes a priori siguen empañando la voluntad general de llegar a acuerdos.
“Para tener voluntad de pactar hay que tener voluntad de ceder”, señaló la viceportavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara Baja, Guadalupe Martín, que insistió en lo que esta formación reitera desde que el Grupo Popular votó en contra de tramitar el RDL 16/2012 como proyecto de ley: el real decreto “no ha sido el paso más razonable para el pacto”. Acompañada por los portavoces de Sanidad de PP y CiU, Manuel Cervera y Concepciò Tarruella, Martín participó en una mesa redonda cuyo objetivo era hablar sobre el riesgo de pérdida de equidad tras la aprobación del decreto se convirtió en un cruce de acusaciones entre los dos partidos mayoritarios que vaticina muchos encontronazos en la subcomisión.
Diferencias de partida
El problema sobre esa cuestión genera puntos de partida diametralmente opuestos. PSOE y CiU sí creen que está en riesgo, no solo la equidad, sino también la sostenibilidad del sistema. Para Martín, aunque se necesitaran ajustes no era el momento de adoptar “con tanta contundencia” un decreto que “rompe la equidad”. CiU también sigue siendo crítica con los pasos dados hasta ahora. “Son medidas que no pueden tomarse por un solo partido, aunque tenga mayoría absoluta”, declaró su portavoz.
El PP comparte que existía un riesgo, diagnosticado además desde varios ámbitos, pero antes del decreto ley. Sus medidas garantizan, según Cervera, no solo los ahorros prometidos sino también “el entorno preciso” para llegar a un acuerdo general sobre los desarrollos que tienen que venir y en torno a la Ley de Servicios Básicos.
Pero las diferencias de origen pueden conducir a nuevos puntos muertos. Así lo reconoció la impulsora de la subcomisión, que volvió a trasladar al grupo mayoritario en la Cámara Baja buena parte de la responsabilidad sobre el mantenimiento de un foro que tiene por objeto escuchar otra vez (ya hizo la anterior subcomisión) a todos los agentes del sector que no han podido participar en la elaboración y aprobación de la reforma sanitaria.
El mero contenido y la forma de aprobar el RDL 16/2012 puede suponer un grave percance para una de las patas claves de ese pacto: el intento de sacar la sanidad del debate político. “No comparto que haya que sacar el enfoque político de la gestión sanitaria”, dijo Martín, que acusó el cierre de la anterior subcomisión por la falta de “voluntad política para llegar al consenso”. Para ella, existen diversas formas de afrontar una crisis, “pero no siempre en el capítulo de gasto”.
Otro escollo pendiente de solventar será el debate competencial. Con la negativa vasca a aplicar el copago, CiU y PSOE piden al PP “respeto a las comunidades en su autonomía”.
