La revisión del copago farmacéutico implicaría actuar en varios frentes. La idea sería, en primer lugar, asimilarlo al de otros países europeos, con distinción de porcentajes en función de los ingresos individuales o familiares y no solo de la edad. Además, se complementaría con topes máximos (trimestrales, semestrales o anuales) en función de la renta o la condición de enfermo crónico o pluripatológico. Más allá, debería incluir exenciones para las personas sin recursos y exigiría una evaluación continua de sus resultados. Suecia, en este sentido, aplica un modelo de copago a considerar.
En segundo lugar, habría que dirigirlo al modelo que tienen países como Francia, Dinamarca, Alemania, Holanda o Bélgica, donde la magnitud de la aportación del paciente es distinta según el valor terapéutico del medicamento. “La evidencia económica es clara: hay fármacos eficaces y muy necesarios que no deberían tener copago para nadie, mientras otros de poca o nula eficacia comparada y elevada relación coste-efectividad debería tener un copago muy elevado”, dice el profesor Jaume Puig-Junoy.
Ideas como establecer un copago similar a este, que sea variable en función de la eficacia, es atractiva, aunque plantea sus dudas. “El problema es que esa cualidad no es una característica intrínseca de un medicamento, sino de su aplicación a una indicación determinada”, explica el profesor Joan Rovira. Si existen productos “intrínsecamente ineficientes”, este experto cree que el sistema de precios de referencia es un mecanismo adecuado para desalentar el consumo.
La vía de la desfinanciación
En todo caso, a España todavía le queda mucho camino por recorrer hasta aplicar este tipo de copago. No obstante, supone prácticamente una desfinanciación, algo que no está del todo descartado.
Muy en relación en un diseño de copagos influye la cartera de servicios. La idea sobrevuela en el Sistema Nacional de Salud desde que la ministra Ana Mato llegó al Ministerio de Sanidad. Pero los expertos también alertan al respecto. Para el profesor David Cantarero, esta solución debería ser contemplada “solo desde la óptica de criterios de coste-efectividad y no por el valor económico per se del medicamento”. Además, añade que cualquier imposición por la vía de las tasas “no debería ser la solución sin que se hayan reducido primero todos los gastos superfluos del sistema”.
Varias ideas sobrevuelan al respecto de un posible ‘medicamentazo’. Si se parte de la base de que esta medida no es la solución para los 40.000 millones de euros que el Gobierno tiene que reducir en 2012, Gabriel Morelli, director general de IMS Healthcare cree necesario centrarse en fármacos de bajo valor unitario, con una gran factura total y que no generen desplazamientos hacia fármacos financiados.
Por su parte, el profesor Joan Rovira cree que deberían eliminarse de la financiación pública todos aquellos medicamentos cuyos riesgos superan a los beneficios potenciales en todas las aplicaciones posibles. Además, considera que habría que hacerlo mediante un sistema de precios de referencia por equivalentes terapéuticos y mediante la limitación del precio de mercado o del precio pagado por el sistema público en función de un umbral de coste efectividad.
