En España, entre un 30 y un 40 por ciento de los pacientes con fibrilación auricular serían candidatos prioritarios a recibir nuevos anticoagulantes orales (NACOs), ya que no están bien anticoagulados con los antagonistas de la vitamina K o bien sufren alergia o efectos secundarios a esta medicación.
Ahora bien, la realidad en España es que menos del 10 por ciento de ellos está recibiendo los nuevos fármacos, mientras que en países como Francia o Alemania la prescripción gira en torno al 22 por ciento, según ponen de manifiesto expertos pertenecientes a la Red ‘La salud del paciente, por delante’, un grupo multidisciplinar que acaba de presentar en Barcelona el documento “Por un tratamiento razonado y comprometido con el paciente anticoagulado”, con el objetivo de que al menos estos pacientes expuestos a mayor riesgo de ictus reciban tratamiento innovador.
Aunque en todas las comunidades autónomas existen restricciones en la prescripción de los NACOs, José Ramón González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y coordinador de esta Red, además de presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), enfatiza que no se está utilizando toda la financiación permitida, por lo que hace un llamamiento a la responsabilidad del médico a la hora de identificar a los pacientes prioritarios. Para ello, considera que es necesaria la implantación de sistemas informáticos de información que permitan automatizar datos y faciliten la tarea del profesional, como ya ocurre en las regiones en las que la historia clínica compartida está más extendida.
Uno de los objetivos de la Red es que, en un horizonte de un año, el escaso 10 por ciento de pacientes que reciben NACOs en la actualidad aumente a un 20 por ciento, para seguir avanzando de forma progresiva en su incorporación en el sistema sanitario —siempre dentro de criterios sostenibles y por tanto tratando a los que más se benefician, según puntualizó González Juanatey—.
Si bien es cierto que los NACOs tienen un coste diez veces superior al acenocumarol (Sintrom), Antoni Bayés, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Trias i Pujol de Badalona y miembro de la Red, recuerda que cada ictus supone 27.000 euros al año, un impacto económico que Carmen Aleix, presidenta de la Federación Española de Ictus (FEI), corroboró añadiendo que el tratamiento del ictus consume el 5 por ciento del gasto sanitario público cada año.
Puesto que González-Juanatey coordinó el primer análisis farmacoeconómico con uno de los nuevos anticoagulantes orales, este experto garantiza que son “absolutamente coste-eficaces” ya que, si en los pacientes anticoagulados el uso de los nuevos fármacos representaría un coste de 17.000 euros por año de vida ganada sin discapacidad, en el caso de los pacientes prioritarios, que son los contemplados por la normativa de financiación, el coste es menor a 10.000 euros por año de vida ganada. Unas cifras que son aplicables a todos los NACOs disponibles en el mercado en la actualidad, y que deberían entran en el marco del acuerdo de finanaciación que según este experto existe en España, consistente en cubrir toda innovación que implique un coste menor a 30.000 euros por año de vida ganada sin discapacidad.
