Esta semana, el mismo día de las elecciones autonómicas andaluzas y asturianas, se cumple el mes dado como plazo por el Consejo Interterritorial para que las comunidades autónomas presenten sus propuestas en relación al Pacto por la Sanidad. Y tras la aprobación del euro por medicamento catalán (de nuevo gracias a la abstención del PP regional), el discurso oficial del Gobierno en relación al copago ha empezado a matizarse. El Ministerio de Sanidad da por seguro que entre las propuestas estará de una o de otra manera el copago farmacéutico y Ana Mato está dispuesta a estudiarlo.
No en vano, tras la aprobación de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos catalanes, varias comunidades gobernadas por el PP, como Galicia, Madrid o Castilla y León, han justificado la medida adoptada en Cataluña y aunque se han negado a implantar copagos sanitarios individuales en su comunidad autónoma, sí se han mostrado dispuestas a estudiar esta fórmula de financiación de la sanidad u otras similares, siempre que sean estudiadas junto al Ministerio de Sanidad y aplicadas en todo el territorio nacional.
De ampliarse la tasa catalana al resto del SNS, los ahorros serían considerables. Tras el baile de cifras por los cambios que ha ido sufriendo el proyecto, la estimación final de ahorro en Cataluña es, según el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, 180 millones de euros. Más allá, la extrapolación al resto de comunidades sería, con casi toda probabilidad, en los mismos términos que CiU y PP han pactado en Cataluña.
Allí, la tasa farmacéutica se hará efectiva a partir del 1 de junio, con las mismas excepciones fijadas desde hace semanas: solo para fármacos que cuesten más de 1,67 euros y hasta un máximo de 62 euros anuales. Quedan exentos los perceptores de una pensión no contributiva, los beneficiarios del programa de la renta mínima de inserción y de la prestación económica para el mantenimiento de las necesidades básicas; los perceptores de la prestación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos y los beneficiarios del Fondo de Asistencia Social.
Pero no es esta la única posibilidad que estará sobre la mesa. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declaró la semana pasada, en una entrevista en la Cadena Ser, que los consejeros de Sanidad ya han mantenido conversaciones para estudiar la posibilidad de reformular el actual sistema de copago farmacéutico y enfocarlo desde el punto de vista de la renta, tal y como han venido defendiendo, entre otros, el propio Feijóo o Esperanza Aguirre. El asunto, según añadió el presidente de la Xunta, estaría avanzándose en un proyecto que se incluiría en la Conferencia de Presidentes prevista para antes del verano.
La aprobación de la tasa de Artur Mas precipita de esta manera alguna de las medidas que, según la oposición, el gobierno de Mariano Rajoy se estaría reservando una vez se conocieran los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas y asturianas del 25 de marzo. El diputado de IU y portavoz parlamentario en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, reclamó la semana pasada al Gobierno del PP que presente un recurso de inconstitucionalidad por conflicto de competencias contra la decisión del ejecutivo catalán.
