Venimos de un Sistema Sanitario muy homogéneo, uniforme, con gestión centralizada y mayoritariamente pública. Con las transferencias en las CCAA en materia sanitaria se han ido introduciendo variables en la gestión de forma más o menos progresiva que, en los últimos meses, con la situación económica general, ha evolucionado con la aplicación de medidas de recorte del gasto farmacéutico de gran calado que ha traído importantes repercusiones económicas para diferentes colectivos; especialmente para los pacientes, los farmacéuticos y la industria y, por supuesto, para los propios médicos. Sin duda que era una necesidad adoptar medidas en este sentido, pero probablemente algunas no han sido eficaces, otras desproporcionadas y, en general, poco consensuadas por los diferentes colectivos. Esta afirmación se basa en el descontento general que se palpa por parte de médicos individualmente, Sociedades Científicas, farmacéuticos, la industria y, por supuesto, de los mismos pacientes
Por si fuera poco, en este clima de descontento y desconcierto general, se ha creado un estado de opinión en el cual se da como “dogma de fe” que la gestión pública es mala y que, además, es imposible mejorarla, y que la privada es mucho mejor, lo cual contrasta notablemente con la percepción de la ciudadanía y con otro mensaje utilizado machaconamente por políticos, expertos (incluida la OMS), etc. sobre que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo -algunos incluso caen en el exceso que “es el mejor del mundo”-. Realmente es difícil de entender que con tan mala gestión se haya conseguido tan buen resultado. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que no haya un gran margen de mejora en la gestión pública.
En este contexto cada vez toma mayor fuerza la postura más “fácil”: como la gestión en el sector público es muy compleja, se transfiere a la gestión privada confiando en su eficacia. Ante ello, debe hacerse alguna observación:
– En primer lugar, no es gestión privada. Lo que caracteriza la medicina privada es la independencia del médico y del paciente, que son libres de realizar una consulta o relación de profesional-cliente. Nada más lejos de la realidad donde el gestor establece unas normas que son mucho más cerradas que en la sanidad pública, tanto para el paciente como para profesionales. Por ello, sería más adecuado llamarla en vez de gestión privada, gestión por un tercero.
– En segundo lugar, se confía en que el nuevo gestor lo va a hacer mejor, pero como acto de fe ya que no existen datos objetivos e independientes que lo acrediten sino, en ocasiones, al contrario
– En tercer lugar, se da por hecho que la concesión basada en una “cápita” previamente establecida, se deba hacer cargo de “todas las prestaciones sanitarias” que precise esa población”. Lo cual es, como todo el mundo sabe, imposible en grupos de relativamente pequeña población ya que muchas patologías poco frecuentes y de alta complejidad no pueden ser atendidas por el elevado coste sanitario que conllevaría. Se acepta este hecho y se soluciona con la facturación mutua de los servicios que se prestan entre este modelo de gestión y la “pública tradicional”, en un proceso opaco y sujeto a gran cantidad de intereses. La consecuencia de todo ello es la gran preocupación y malestar de los profesionales y de la población, que no están dispuestos a cargar con las consecuencias de la mala gestión. Enderezar la situación debe pasar por un replanteamiento limpio y objetivo de la sanidad, adoptando las medidas necesarias en colaboración con los expertos y profesionales a través de los cauces adecuados, con responsabilidad y transparencia.
