“La gestión clínica es una estrategia que pretende conseguir resultados asistenciales óptimos, proporcionar a los profesionales una formación de calidad e integrar la cultura clínica con la cultura de gestión”. Así definió Javier Castrodeza, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, las bases que asientan la gestión hospitalaria, durante el V Congreso de Gestión Clínica celebrado en Santiago de Compostela.
Precisamente, en este escenario, el Servicio Gallego de Salud se encuentra inmerso en negociaciones con los sindicatos de la mesa sectorial sobre las condiciones laborales de los profesionales que participarán en las unidades de gestión clínica (UGC), aunque no el contenido del decreto que regulará su constitución y funcionamiento, una norma, que se está tramitando para publicarse en el Diario Oficial de Galicia ya se está tramitando. El borrador, al que ha tenido acceso GACETA MÉDICA, entiende las UGC gestionadas desde “el ámbito público, sin personalidad jurídica propia y no se laboralizará al estatutario”. Sin embargo, los sindicatos se muestran escépticos y desconfiados ante esta normativa. Tal y como ha señalado a GM, Cándido Andión, delegado autonómico de CESM-Galicia, con la inminente publicación del decreto ministerial, esta ley autonómica dejaría de tener validez y el modelo central prevalecería, “dejando a los trabajadores en situación de indefensión laboral con pérdida de derechos irrecuperables”. En este sentido, Andión indica que tras varias alegaciones al borrador de la Xunta, con todo pronóstico la normativa autonómica se publicará sin el máximo consenso. “A partir de ahora no se podrá hablar de un intento de normativizar y crear Áreas de Gestión Clínica, sino del intento de cambiar la estructura actual del sistema sanitario público por otro más dependiente de estructuras políticas y de las órdenes de las Gerencias de Gestión Integrada”, aventuró.
Sin embargo, ante este revuelo, la consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Rocío Mosquera, ha destacado, durante el Congreso, que “el modelo de gestión por el que apuesta la Xunta contempla el mantenimiento del régimen estatutario de los profesionales” y “las áreas de gestión no tendrán personalidad jurídica propia”.
El decreto de gestión clínica, que está en tramitación, “regula la estructura, la organización y el funcionamiento de las áreas, que estarán todas dotadas del nivel de autonomía suficiente para realizar sus funciones”, aclaró.
El modelo castellano leonés
Por otra parte, Castilla y León es otra de las comunidades que ha decidido cambiar el modelo de asistencia sanitaria. Al igual que en Galicia, el borrador de la Junta, establece las UGC como “unidades orgánicas sin personalidad jurídica propia, con autonomía para la organización y gestión de recursos humanos, dependientes de las Gerencias”.
Tal y como adelantó su consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, si todo marcha según lo previsto, en verano se pondrán en marcha 50 unidades de gestión clínica, de los 114 proyectos presentados y estudiados, en los hospitales de Castilla y León. Aunque de momento no se ha determinado el número de unidades con que contará cada hospital, ya que el decreto que las regula no se ha aprobado todavía. Sin embargo, se espera que en marzo esté listo. De este modo, Aguado considera que todos los complejos asistenciales de la comunidad disponen de la información necesaria para convertirse en unidades de gestión clínica. Al igual que en Galicia, el modelo se basa en el reparto de incentivos económicos. Una cuestión que no todos comparten, es el caso de CC.OO., quién elaboró un estudio donde se precisaba que estos incentivos supondrían un gasto de 56,4 millones de euros para la Junta. Sin embargo, para Aguado, la puesta en marcha de las unidades “supone dar más capacidad de organizar su trabajo y más poder de decisión a los profesionales sanitarios”.
Pero ambas estrategias parece que no convencen y están levantando ampollas entre algunos sindicatos que consideran que conllevará “un proceso de externalización acompañado de una pérdida de derechos de los trabajadores sanitarios”, comenta Andión.
Si bien, Tomás Toranzo, secretario de CESM Castilla y León, insiste en que la desconfianza de los profesionales hacia este modelo se debe a que no se especifica la situación concreta de los mismos dentro de estas unidades. Sin embargo, desde el sindicato, aunque apuestan por las UGC, no consideran válido el modelo de Sacyl, sobre todo, antes de que se haya aprobado el decreto del Foro. Toranzo ha advertido de que no es posible que cada servicio de salud cree su propio modelo porque “conllevará a que se genere un batiburrillo de estrategias hasta, incluso, dentro de la propia comunidad”.
Además de las consejerías de Sanidad de Galicia y Castilla y León, otras como Castilla-La Mancha, trabajan desde hace meses para implantar la gestión clínica en sus centros de salud y hospitales. Mientras que en comunidades como Asturias, Navarra, País Vasco o Andalucía ya tienen experiencia en modelos similares. En el caso de esta última comunidad, el servicio de Salud se organiza en torno a unas mil UGC.
Febrero
El documento final del Foro , donde se sientan las bases de la gestión clínica en España, verá la luz antes de finales de este mes. Como ha señalado a GM, el portavoz del Foro de la Profesión Médica, Francisco Miralles, la idea es que la norma estatal conste de unas premisas básicas para todo el Sistema Nacional de Salud y que, tras esto, cada servicio de salud establezca acuerdos adaptados a cada comunidad, respetando los criterios básicos que a nivel nacional se han establecido. En este sentido, ha expresado que “lo que desearían es que comunidades como Castilla y León y Galicia, respeten los criterios profesionales que estamos negociando”.
