Carmen M. López Madrid | viernes, 08 de enero de 2016 h |

Los últimos meses en sanidad han ido a un ritmo frenético. Desde octubre se han aprobado varias normas legislativas y se han hecho públicos más anuncios que en todo este último año.

La carrera a contrarreloj del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha dejado un ambiente enrarecido entre médicos y enfermeros que han visto como todos los esfuerzos en materia de acuerdos han quedado en un decreto sin consensuar y una normativa sin aprobar.

Esta situación límite no es nueva para las legislaciones sanitarias. En épocas pasadas también se ha dado luz verde a decretos y normativas, aunque eso sí más del ámbito farmacéutico. Con el Real Decreto Ley 16/2012 que encabezaba todo el carrusel normativo, el Gobierno de Mariano Rajoy se estrenó en materia sanitaria.

Volviendo al presente ninguna de las normas que se han aprobado a escasas semanas de la cita electoral han estado exentas de polémica.

Octubre cerraba el mes con el Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros (prescripción enfermera) el principal bastión del colectivo que vio como salía adelante con unas modificaciones “de última hora” que no pasó por la supervisión de los responsables enfermeros, y que siempre han defendido que estuvieron “bajo el amparo de la profesión médica”. Lo más curioso es que pese a que lleva aprobado dos meses, no fue hasta finales de diciembre cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo publicó.

Las declaraciones del presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Máximo González Jurado, no se hicieron esperar acusando al PP de “traición”.

Como primera medida, la Mesa Estatal de Enfermería (MEE) anunció el recurso ante el Tribunal Supremo, “al que de momento ya se han sumado seis consejerías de sanidad” además de otras acciones junto con los colegios provinciales y las delegaciones regionales de Satse.

Después de dos meses de espera, el colectivo pensaba que no se iba a publicar el decreto y que el Gobierno intentaría buscar una nueva vía de consenso. “Cuando creíamos que intentarían solucionar el problema que han causado, hemos visto que tres días después de las elecciones generales y un día antes de Nochebuena, lo han publicado. “En tiempos de Franco vimos alguna felonía de estas, pero en democracia jamás nos habíamos encontrado una situación similar”, manifestó el presidente de la Organización Colegial.

En cualquier caso, González Jurado está convencido de que “el decreto se va a modificar tarde o temprano porque no puede ser de otra forma”.

El grado de intensidad de las protestas ha ido sido variable pero todas apuntan a judicializar el proceso. Cantabria y Extremadura han autorizado la interposición de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. En Asturias exigen abordar la modificación del decreto en un Consejo Interterritorial. Otras comunidades, al cierre de esta edición, se encontraban consultando las posibilidades para impugnar y reorientar la normativa.

En cuanto a los facultativos, el decreto de gestión clínica fue otra de las promesas que marcó la anterior legislatura popular en materia sanitaria. Una normativa que empezó con los recelos entre el sector y que ha acabado abanderando las principales peticiones de los médicos. El Foro de la Profesión Médica también se encontró con cambios imprevistos en el documento, que, sin embargo, pudieron corregir con el consenso, al menos de momento, de todos. Lo paradójico es que parece que el ministerio no tiene claro en qué fase se encuentra el documento.

Según advirtió el ex secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, hace unas semanas el texto vería la luz antes del 20-D, ya que había salido del Consejo de Estado con el visto bueno, y el ministerio de Hacienda también le había dado su beneplácito. Al mismo tiempo, Alonso confirmó que el decreto se encontraba aún en órgano consultivo, y aunque prometió que estaría listo para antes del final de la legislatura, los médicos siguen sin ver la normativa. En este sentido, los profesionales no se les quita la sensación de decepción tras ver cómo en estos años no se ha aprobado aún el emblema del grupo médico.

Ensayos clínicos y EE.RR.

Por otra parte, hace unas semanas salía a la luz el Real Decreto de Ensayos Clínicos, que llevaba esperando su oportunidad desde 2012 y, aún así, ha tenido que esperar al “último sprint” para ver la luz, tan sólo cinco meses antes de la fecha límite que dio la Unión Europea. La principal característica de esta normativa es que bastará con una evaluación y con un dictamen positivo de un solo comité de ética acreditado además de la autorización de la AEMPS para que un ensayo clínico sea autorizado en España.

En esta línea, otro de los decretos aplaudidos por profesionales y pacientes fue el de enfermedades raras. El último Consejo Interterritorial antes del verano de 2015 trajo buenas noticias para los pacientes con enfermedades raras gracias, por un lado, a la aprobación del proyecto de Real Decreto que regula el Registro Estatal de Enfermedades Raras y al acuerdo para la financiación pública de los vendajes y apósitos para quienes conviven con enfermedades dermatológicas raras.

Así, también se aprobó el soporte legal y normativo del registro, un paso importante para aquellas personas que padecen alguna de estas patologías. El principal objetivo del documento es facilitar tanto a pacientes como a profesionales sanitarios e investigadores, la información necesaria relacionada con estas enfermedades.

En esta línea, otro de los decretos que, aunque no se ha llegado a publicar, está en los hornillos ministeriales es el del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) que Alonso tanto ha defendido. La normativa apareció en plena polémica por la decisión del Gobierno de dejar sin dotación a este último en los Presupuestos Generales del Estado de 2016.

En este sentido, trata de adecuarse a la decisión del Gobierno de darle un carácter extrapresupuestario a ambas partidas. El texto subraya que “el Fondo de Garantía Asistencial está destinado a la compensación entre las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla por las actuaciones que sus servicios de salud realicen en el marco de la aplicación de la cartera común básica de servicios asistenciales y de la suplementaria a pacientes residentes en España con derecho a la asistencia sanitaria del SNS, en sus desplazamientos temporales a una comunidad autónoma distinta a aquella que ha expedido la tarjeta sanitaria individual que acredita su condición de asegurado o beneficiario”.

La ‘era’ Mato

Pero mucho antes que Alonso, su antecesora, Ana Mato también dejó un currículum en materia profesional completo. El verano de 2014 comenzó con la aprobación del Real Decreto de Troncalidad, una normativa, por cierto, que acumula demandas judiciales por parte de sindicatos y sociedades científicas. Muchas sociedades científicas siguen en contra de esta reorganización del modelo formativo, y varias organizaciones siguen pendientes de que el Tribunal Supremo ofrezca su veredicto.

Ya está todo en marcha para que en las próximas semanas las comisiones delegadas de tronco presenten el preámbulo de los programas formativos troncales si quieren llegar a 2017 con este nuevo modelo, tal y como el ministerio ha destacado en numerosas ocasiones. Una vez que se conozcan las competencias comunes en los primeros años, cada una de las especialidades podrá empezar a desarrollar su programa específico.

Asimismo, en ese mismo Consejo de Ministros, se aprobó la aprobación del Real Decreto que regula el Registro Estatal de Profesionales, publicado a mediados de agosto en el Boletín Oficial del Estado. Superada la parte “teórica”, y todavía queda por resolver las cuestiones “prácticas”, que no es poco. El texto definitivo alarga de manera sustancial los plazos previstos por el ministerio inicialmente, aunque desde Sanidad se aseguró en su presentación que esperan tenerlo listo a lo largo del año.

Con todo, lo que está claro es que el principal ‘decretazo’ de la legislatura de Mariano Rajoy fue el RD 16/2012, al menos, en lo que respecta a sus dos patas principales: universalidad de la asistencia sanitaria y modelo de copago farmacéutico. Una normativa que como la oposición se ha encargado de recordar en los diversos círculos electorales podría tener sus horas contadas. Eso sí, todo dependerá de cómo España resuelva su situación política en los próximos días, o quizás meses.