REDACCIÓN
Madrid
Garantizar los derechos de los pacientes en situación terminal, así como dar seguridad jurídica a los profesionales sanitarios que les atienden son las premisas del anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros.
Como ha recordado en varias ocasiones la titular del ramo, Leire Pajín, con esta norma se dará un “paso importante” en el derecho a morir “con dignidad” y evitar sufrimientos innecesarios, con garantías para pacientes y familiares. Además, se unificarán los cuidados paliativos en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), después de que algunas comunidades como Andalucía y Aragón hayan desarrollado normas específicas.
Con el objetivo de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que acabe este año, el anteproyecto de ley pasará a los órganos consultivos y se presentará a las CC.AA. en el próximo Consejo Interterritorial para que presenten sus alegaciones, el texto retorne nuevamente al Consejo de Ministros e inicie su tramitación parlamentaria.
La futura ley consagra los derechos a renunciar a un tratamiento médico y al uso de sedaciones terminales —en un Registro de Instrucciones Previas— actualizando la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, sin regular la eutanasia ni la ayuda al suicidio, que siguen estando penalizados. Como novedades, incorpora el derecho a la atención domiciliaria y la atención a menores —dos propuestas de las organizaciones médicas— pero no contempla la objeción de conciencia de los sanitarios pues el ministerio cree que ésta se incluye en el correcto proceder del profesional.
Sí incluye una de las propuestas que la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) hicieron llegar al ministerio obligando a la Administración a promover iniciativas formativas de calidad para los profesionales en el ámbito de la prestación de cuidados paliativos. Estas entidades también pedían que se garantizara el acceso equitativo a recursos de cuidados paliativos de calidad en todas las regiones y por la creación de equipos de profesionales con formación avanzada con una cualificación acreditada oficialmente.
También apuntaban a esta ley como una oportunidad para simplificar la prescripción de fármacos opioides —sustituyendo la receta de estupefacientes por un registro—, para que los pacientes terminales tuvieran un acceso “urgente” las prestaciones de la Ley de Dependencia y para articular un equivalente a la baja laboral para el familiar cuidador. Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley para debatir en la Comisión de Sanidad del Congreso en la que instan al Gobierno a presentar en seis meses un Plan Nacional de Ciudados Paliativos que revise la cartera de servicios de cuidados paliativos para garantizar la equidad.
