Las dificultades que plantea la existencia de fronteras a la hora de agilizar la asistencia sanitaria de los pacientes se están poniendo cada vez más sobre la mesa de los gobiernos autonómicos.
Así, los recelos entre administraciones en los últimos años, sobre todo, a la hora de cuantificar los gastos que supone la asistencia en zonas limítrofes ha sacado a la palestra la falta de un Fondo de Cohesión Social (FCS) “real” que asuma y compense a las regiones. De hecho, a través de estos años, la promesa de este órgano de compensación ha sido clave para poner fin a las tensiones entre gobiernos como País Vasco y La Rioja, por ejemplo, que siguen a la espera de un organismo regulatorio. Mientras tanto, las comunidades han aprendido que tienen competencias suficientes para establecer protocolos propios sin necesidad de sellar un convenio marco.
La realidad es que son muchos responsables sanitarios insisten en que habrá que buscar nuevos modelos conjuntos o compartidos que aseguren el servicio público gratuito a los pacientes.
Precisamente, es una de las promesas del Partido Socialista, en su programa electoral para el 20-D.
Sin embargo, en el proyecto de decreto por el que se regula la gestión del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) y se modifica el decreto del FCS, se pone de manifiesto que existe una carencia de “información suficiente respecto a la cuantía y características de la atención de los pacientes limítrofes”, y, por tanto, se pospone transitoriamente la obligatoriedad de esta modalidad de compensación. Ahora, este fondo nace fuera de los presupuestos, lo que aviva la tensión entre algunas autonomías con dificultades de hacer frente al coste de la asistencia de los pacientes vecinos.
Según datos recogidos por GM de las propias administraciones, la mayor parte de la cooperación entre comunidades ha seguido el rumbo de acuerdos, sin convenio marco, a través de la firma de protocolos entre presidentes autonómicos. Muchos consideran que no se ha sabido aprovechar la oportunidad para ahondar en el modelo de concertación entre autonomías. De hecho, el recorrido es escaso. A pesar de las reformas en los estatutos de autonomía, la mayoría de las administraciones no han renovado sus acuerdos. Y es ahora, con el cambio en los gobiernos tras las elecciones de mayo, cuando algunas se plantean actualizar sus “pactos”.
El nuevo mapa político sacó a relucir las tiranteces entre gobiernos de distinto signo político. Es el caso de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid por el mantenimiento del convenio sanitario. Finalmente, el gobierno manchego está revisando el acuerdo, pero sólo para “mejorar algunos aspectos” y no para romperlo. De este modo, el concierto sigue garantizando la atención a los pacientes de provincias colindantes como Guadalajara o Toledo en hospitales madrileños. Por su parte, lo que el consejero manchego, Jesús Fernández, quiere es buscar una conexión como el que mantiene la comunidad madrileña con Castilla y León, sin contraprestación. De hecho, como destacan desde la consejería castellanoleonesa (Sacyl), defiende como una de sus prioridades, la cooperación recíproca con comunidades vecinas, en vez de la compensación económica. También tiene firmados protocolos con las CC.AA. limítrofes en: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, País Vasco y Madrid. En su mayoría, Sacyl facilita su colaboración en primaria, especializada y asistencia en urgencias.
Hace unos días, Navarra y País Vasco renovaron su convenio de atención sanitaria en zonas aledañas. El consejero de Salud navarro, Fernándo Domínguez, y su homólogo vasco, Jon Darpón, firmaron una colaboración para los próximos tres años. De este modo, el Servicio Navarro de Salud prestará atención sanitaria derivada de las guardias de atención primaria al País Vasco. Ambos departamentos compartirán los protocolos, las guías de actuación y las herramientas informáticas que hayan desarrollado.
Asimismo, en Extremadura, el presidente Guillermo Fernández Vara, avanzó que a partir de enero comenzarán a revisar el mapa sanitario de la comunidad. Desde 2009, Sacyl y Extremadura mantienen un acuerdo que permite tratar a pacientes de ambas regiones de forma regular, sin la excepcionalidad del fondo de compensación. Además el SES cuenta con una línea de colaboración en urgencias en poblaciones limítrofes de la propia región castellanoleonesa, Castilla-La Mancha y Andalucía (ver gráfico).
Antiguas discrepancias
Otro frente abierto fue el de Cataluña y Aragón con discrepancias que saltaron a la primera plana sanitaria por la materia de compensación económica de atención sanitaria en zonas limítrofes. Estas regiones cuentan con convenios que no contemplan ninguna dotación ni compensación económica, a pesar de ello ambos gobiernos consideran que un fondo de cohesión no es suficiente.
En los últimos meses, los pacientes de La Franja (pueblos de Huesca limítrofes con Lleida) están notando dificultades de acceso a los centros sanitarios leridanos, una atención regulada por un convenio vigente firmado en 2005 entre Cataluña y Aragón. De hecho, han sido los responsables de los municipios los que están presionando a los gobiernos autonómicos para garantizar una asistencia.
Este no ha sido un hecho aislado, en 2011, con la crisis económica en su punto más álgido, se multiplicaron los problemas. Fue ese mismo año cuando gobierno de La Rioja decidió dejar de prestar atención sanitaria primaria y especializada a vascos y navarros de localidades limítrofes a Logroño hasta que las comunidades vecinas no ofreciesen una compensación económica. La asistencia se reanudó poco después, pero no quedó definitivamente zanjado hasta que con el PNV en el poder se firmó un acuerdo de colaboración. Así resolvieron esta situación las dos comunidades.
Además, por su parte, Aragón mantiene también nexos con el resto de las comunidades vecinas como Navarra, Valencia, La Rioja, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Mientras, Cantabria destaca por apostar por diversos acuerdos con comunidades limítrofes para la asistencia sanitaria especializada, además de contar con un acuerdo específico con Euskadi para el transporte urgente de pacientes.Asimismo, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es el centro de referencia en todo tipo de trasplantes y donación para La Rioja, eso sí, no entran en un convenio autonómico como tal. A su vez, la región riojana está pendiente de desarrollar un convenio con Aragón, según apuntan fuentes de la consejería dirigida por María Martín.
Galicia, desde 2008, mantiene un convenio de colaboración con Castilla y León para regular el ámbito de coordinación en asistencia sanitaria.
Por su parte, en el litoral mediterráneo, Cataluña y la Comunidad Valenciana firmaron su protocolo hace siete años. A su vez, Cataluña mantiene vínculos más allá de las fronteras españolas. En concreto, lo hace con el Hospital de la Cerdaña en Francia. Es la primera vez que se construye un centro que atiende a pacientes procedentes de dos países. El hospital, ubicado en Puigcerdà (Cataluña), muy cerca de la frontera con el país galo, da servicio a la comarca de la Cerdaña y al Capcir.De hecho, toda la gestión médica, clínica y administrativa del centro se realiza de manera conjunta.
La Comunidad Valenciana sigue manteniendo sus lazos con Castilla-La Mancha y Aragón, lo hace en materia de asistencia sanitaria especializada, transporte sanitario no urgente, prestaciones farmacéuticas y urgencias en zonas limítrofes.
También hay casos de conexiones entre autonomías, que aún no siendo aledañas, firman pactos entre ellas. Es el caso de Madrid, que mantiene acuerdos con la Murcia, y Canarias. Con la primera le une un programa de detección precoz de metabolopatías. Con Canarias un convenio que renovó recientemente con el Hospital de La Paz para cirugías cardiacas infaltiles.
Consejo Interterritorial
Sin embargo, el baile de cifras relativo a la asistencia y el coste que supone para los respectivos sistemas, demuestra la falta de contabilización de los mismos. Por ello, la recuperación del fondo de cohesión sanitaria es una de las medidas que la formación de Pedro Sánchez implementaría de llegar al poder. Los socialistas prometen “converger hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía en coordinación con las comunidades autónomas, acabando con la multiplicidad de carteras creadas por el gobierno del PP, y reforzar el fondo”, eliminado en los Presupuestos Generales para el 2016. No es la primera vez que esta petición se convierte en una exigencia para el SNS. Ya en 2012, el Consejo Interterritorial, en medio de unánimes exigencias del sector, como la Organización Médica Colegial, el Consejo General de Enfermería, analizó la necesidad de llegar a un acuerdo global. El ministerio y todas las comunidades autónomas trazaron las primeras líneas de este organismo de compensación para las regiones afectadas por el exceso de pacientes.
Con todo, los convenios bilaterales de colaboración han ido zanjándose, a la espera de que el nuevo RD ponga un mecanismo para compensar el gasto entre comunidades autónomas.
La promesa de un Fondo de Cohesión Social ha sido clave, en estos años, para calmar las tensiones entre CC.AA.
La Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha están revisando su convenio, “sólo para mejorar algunos aspectos”
Algunas comunidades como Cataluña y Aragón consideran que el FCS no es suficiente para hacer frente al gasto
