| lunes, 07 de febrero de 2011 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

Ralentizada como está la economía por culpa de una gestión nefasta y trasnochada de la crisis, el Gobierno socialista parece decidido a reactivarla renunciando a una gran parte de sus atávicos principios. Paradójicamente, va dejando por el camino la querencia al intervencionismo que siempre le ha caracterizado para intentar insuflar aires nuevos al sistema por medio de la tan cacareada liberalización. Fruto de ello son los debates aún inacabados, pero firmes, que se están manteniendo entre el Ministerio de Economía y el de Presidencia, en torno a los colegios profesionales. Salvo un cambio radical de postura en el último momento, que tampoco es descartable, el Ejecutivo aprovechará la futura Ley de Servicios Profesionales que anunció José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso para suprimir castas, eliminar fueros, frenar privilegios y agilizar el acceso de numerosos trabajadores a sus respectivas profesiones. El objetivo latente es arañar un 0,7 por ciento de crecimiento para un PIB menguado. En una palabra, todo apunta a que tanto Jáuregui como Elena Salgado han puesto en su mira a las organizaciones colegiales y que seguirán a Andalucía como modelo para establecer la voluntariedad de pertenencia a las mismas en determinadas circunstancias laborales. ¿Eso es bueno o es malo? Depende.

Si los colegios y demás corporaciones profesionales actuaran volcados en la consecución del fin para el que fueron constituidos, la medida destrozaría el sistema y empeoraría a la larga el ejercicio profesional. Imaginemos por un momento a organizaciones diligentes en la defensa de los intereses ciudadanos con férreos e intachables órganos deontológicos; imaginemos también que estas organizaciones huyeran del corporativismo rancio y sus dirigentes se esforzaran en procurar verdaderos servicios a sus colegiados, actuando al mismo tiempo como auténticas barreras para el ejercicio de trabajadores sin una competencia acreditada. Si cumplieran éstos y otros parámetros, la muerte de los colegios por la vía lenta no tendría justificación alguna. En España, las corporaciones que más se ajustan a estos requisitos en el sector sanitario son el Consejo de Enfermería y, por supuesto, el Consejo y los colegios de farmacéuticos, verdaderos ejemplos de profesionalidad como evidencian muchas de las asambleas multitudinarias que han congregado sus dirigentes, la interlocución continuada que mantienen sus estructuras con los colegiados, y la lucha permanente que ejercen en la defensa de sus representados.

Lamentablemente, no todas las organizaciones cumplen tan bien su labor y se han desdibujado con el paso de los años. No juzgo aquí el posible acierto de sus actuaciones, que tampoco parece digno de mención, sino su anquilosamiento en el tiempo y su ineficiencia para con el sufrido colegiado de a pie. Las ridículas tasas de participación electoral en algunos colegios dan fe de ello. No hace falta que se mencione a ninguna organización concreta. El paradigma de corporación que da pie con sus actuaciones diarias a que el Gobierno hinque el diente a los colegios está en la mente de todos. No hace falta hacer sangre, porque en el pecado llevan la penitencia sus dirigentes.

El modelo de organización rancia y trasnochada se define por rasgos muy delimitados. Increíblemente, ha relegado sus metas fundamentales a un segundo plano, y sus estructuras se han poblado, en muchos casos, de auténticos profesionales del no ejercicio profesional. He ahí una de las razones del distanciamiento que mantienen con las bases y del desapego a la hora de la elección de cargos. Difuminado su contorno, hay corporaciones que juegan a ser sindicatos y otras entes científicos. Al final, no son ni una cosa ni otra, y su predicamento dista mucho del que tienen organizaciones hermanas de otros países de la Unión Europea o Estados Unidos.

El Gobierno ha de ser consciente, en cualquier caso, del riesgo de sus actuaciones. Pese a la obsolescencia de algunos, muchos colegios son aún bastiones frente a las malas praxis. Afortunadamente, la tónica general en el ámbito sanitario no es el desacierto, pero al final pueden pagar justos por pecadores.