Qué presidente de una organización médica figura como accionista de una sociedad anónima que ha adoptado la forma de sociedad científica?
Qué multinacionales del sector alimentario están que braman contra el Ministerio de Sanidad por culpa de Roberto Sabrido?
Qué rama autonómica de la CESM quiere desmarcarse de la confederación nacional por la pésima actuación que, a su juicio, están realizando sus dirigentes?
Tienen dinero Castilla-La Mancha y Asturias para acabar los megahospitales que proyectan en el plazo previsto inicialmente?
Qué alto cargo del Ministerio postula abiertamente a Rubalcaba como sucesor de Zapatero en las primarias que se avecinan en el PSOE?
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Empezaron pidiendo una casilla en las recetas para impedir la sustitución de los medicamentos prescritos por parte de los farmacéuticos y, como resulta público, fracasaron en el intento. Ahora, han terminado aceptando, insólitamente resignados, el bloqueo de los fármacos de marca que ellos recetan y que el propio Estado autoriza, dentro del proceso de espiral de contención del gasto que han desatado casi todas las autonomías como respuesta a la pasividad del Ministerio frente a la bancarrota. El camino de algunas organizaciones médicas en la defensa de los intereses de sus representados está jalonado de fracasos de seis años a esta parte. Los hitos de este cúmulo de derrotas son sonoros y variados. Los boticarios se salieron con la suya sin problemas en materia de sustituciones y han extendido además por todos los territorios la llamada “atención farmacéutica”, consolidando su expansión profesional. Las enfermeras ganaron también el pulso a las organizaciones médicas no sólo con el desarrollo paulatino de sus especialidades, sino también en lo que se refiere a la prescripción alternativa. La próxima aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud del decreto que les permite libremente el manejo de fármacos y productos sanitarios en los centros sanitarios, al margen de los facultativos, constituirá su victoria definitiva en esta particular batalla que libró con éxito Máximo González Jurado. Fallaron también los médicos en el apoyo de leyes estériles para la profesión cuya defensa, si acaso, correspondía a las sociedades científicas. La ley del vino es ejemplo de ello. Y ahora se hallan enfrascados en un juego de alianzas sin sentido que ha empezado a encontrar fuertes resistencias en algunos asociados, y que no ha servido, ni por asomo, para impedir que los facultativos sufran en sus carnes y en sus nóminas el mayor tijeretazo salarial de toda la historia de la Sanidad española. La entente es un gigante con pies de barro a ojo de las autoridades sanitarias del país.
Pero el fracaso en toda regla de las organizaciones médicas en sus estrategias, movimientos y actuaciones en defensa de la profesión va mucho más allá y puede afectar incluso a su propia subsistencia. Elena Salgado, la misma ministra que tanto apoyo corporativo recibió durante su mandato en Sanidad, está a un paso de eliminar la colegiación obligatoria en las profesiones del sector. Lo vendió Zapatero antes de su despedida en Bruselas, en la cumbre de primavera o cumbre del euro, y lo apuntan todos los borradores de la Ley de Servicios Profesionales que circulan por los diferentes ministerios implicados. El modelo ensayado en Andalucía puede extenderse por toda España, mientras las organizaciones jalean normas como la del tabaco o la de la muerte digna. Inexplicable.
No es de extrañar por ello que muchos médicos de verdadero peso en España e históricos dirigentes profesionales se estén llevando desde hace meses las manos a la cabeza, conscientes de la grave crisis que atraviesan las organizaciones que les representan. Crisis que no ayuda a paliar la pérdida de peso específico que han experimentado los médicos en los últimos años. El último en mostrar su pesar ha sido Manuel Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. A su juicio, los colegios se han desvirtuado y han perdido el oremus que tenían antaño. Como es lógico, este facultativo ha pasado a engrosar la larga lista negra que llevan configurando desde hace tiempo los inquisitoriales defensores de su particular estatus quo. Y ello, por decir la verdad. Así les va a los pobres facultativos españoles.
