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Tanto los sindicatos como los colegios de médicos autonómicos no han dejado de responder con manifiestos, movilizaciones, encierros y todo tipo de protestas a las medidas de ajuste que están adoptando tanto sus gobiernos regionales como el central, aunque desde hace unas semanas vienen alertando de una respuesta más contundente y unitaria en septiembre. Para ello, las centrales profesionales se han sumado al resto de empleados públicos y han anunciado un calendario de acciones para dicho mes que fijarán antes de que finalice julio, según han acordado en el seno de la Plataforma Sindical de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos, constituida la semana pasada y que tendrá su particular reflejo en todas las comunidades autónomas. Aunque la idea es “aunar esfuerzos”, desde el sindicato médico CESM matizan que se opondrán a cualquier intento de instrumentalizar políticamente esta iniciativa y que insistirán en que esta Plataforma se oriente también hacia las protestas sectoriales ya que los sindicatos profesionales que la componen no quieren que se diluyan las especificidades de sus colectivos.
Con la misma idea, los sanitarios de Málaga —agrupados en la Plataforma de Profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz— han constituido un gabinete de crisis y han presentado un manifiesto reclamando que los recortes retributivos se efectúen en el mismo porcentaje de la masa salarial que al resto de estamentos y funcionarios públicos y los directores generales de la Junta, que los incrementos de la jornada tengan “contenido asistencial añadido” con el objetivo de mejorar la sanidad pública —y no sean un “subterfugio” para reducir sus ingresos— y que las modificaciones asistenciales sean avaladas al menos por las juntas facultativas de los centros, hasta ahora “absolutamente ninguneadas” por la administración. También reclaman que la remuneración percibida en concepto de guardia sea considerada como retribución fija sin que esté sujeta a medidas de ajuste y que no se adopten recortes diferenciados en virtud del tipo de contrato, sea estatutario o eventual.
También el Pleno de la Junta de Gobierno del Consejo de Médicos de Castilla y León, en la misma línea de otros colegios autonómicos, ha publicado una declaración institucional denunciando que los ajustes suponen un “atentado” a la dignidad de los profesionales” y manifestando su “imposibilidad” de colaborar con una Administración que “suprime” sus derechos y los de los pacientes.
Peor aún se ponen las cosas para los sanitarios catalanes de cuatro hospitales comarcales concertados, que corren el riesgo de no cobrar su salario o recibir sólo una parte de éste a finales de julio, según han anunciado fuentes del Consorcio de la Salud y Social de Cataluña (CSC) que achacan esta situación a la suspensión de los pagos a los proveedores de la sanidad concertada anunciada por la Generalitat fruto de las tensiones de tesorería. Aunque han preferido mantener el anonimato de los centros, este organismo ha explicado que unos 4.100 trabajadores pueden verse afectados, de los que 600 quizá no ingresen su nómina este mes si no llega el montante de unos 345 millones de euros con los que cada mes el Gobierno regional financia la asistencia concertada. En este sentido, la Generalitat ha señalado que está trabajando para que el Servicio Catalán de la Salud (CatSatut) pueda hacer efectivo el pago a los centros subsanando las dificultades de tesorería.