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El próximo 15 de febrero se celebrará el pleno en el que se aprobarán los presupuestos 2012 de la Generalitat de Cataluña. Hasta entonces, las negociaciones no cesan y CiU ha tratado de acordar con el PP algunos puntos incluidos en el proyecto de ley de acompañamiento de las cuentas para 2012, que en materia de sanidad concierne a la tasa de un euro por receta farmacéutica.
Un acuerdo que, si bien se esperaba después de que los populares salvaran a CiU de las enmiendas a la totalidad a las cuentas de 2012, y de que los nacionalistas apoyasen las primeras medidas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy, no ha sido del todo posible.
Quedan flecos sobre los que no ha habido consenso, por lo que durante la Comisión de Economía del 9 de febrero CiU no logró cerrar su pacto con el PP. El más importante es el de las exenciones a la tasa. Los populares han logrado que los perceptores de una pensión no contributiva y los beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) no tengan que pagarla.
También quedarán libres de tasa los fármacos con un precio inferior a 1,67 euros, y dejará de aplicarse a partir de la receta número 62. De esta forma, se garantiza el compromiso del Conseller de Salut, Boi Ruiz, que aseguró en el Parlament que el máximo a pagar serían 61 euros anuales.
Nacionalistas y populares han confirmado que la tasa será progresiva y que, por tanto, “pagarán más los que más tienen”, según Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán.
Ahora bien, CiU se resiste a aceptar la excepción para los enfermos crónicos y las personas que cobran pensiones contributivas inferiores a 14.000 euros al año.
Otro de los desencuentros radica en la fecha de aplicación de la medida. Mientras el Gobierno pretende que sea inmediata a su publicación, el PP exige que inicie dentro de seis meses, según informó la diputada Eva García.
Finalmente, las formaciones se han decidido por un periodo de tres meses para su entrada en vigor. Este retraso en el pago hasta el mes de mayo supondrá la modificación de la previsión de ingresos que se derivarían de esta tasa
—100 millones, inicialmente— con los que contaba el Gobierno catalán. Y el PP está dispuesto a introducir modificaciones hasta el último momento, que serán discutidas en el Pleno del día 15.
Si bien la implantación de la tasa parece imparable, el sindicato Metges de Catalunya (MC) ha logrado introducir enmiendas para evitar que el Gobierno vuelva a adoptar medidas de rebaja en la masa salarial de los médicos.
La Mesa de la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlament ha incluido la petición que MC trasladó al PP, PSC, ERC, ICV-EUiA y Ciutadans para suprimir el artículo 34 del Proyecto de Ley de presupuestos. Éste autoriza al Gobierno a adoptar, en cualquier momento, “medidas excepcionales” de reducción del gasto en personal que pueden afectar al complemento específico de las pagas extraordinarias de los médicos.
Además, se contempla en la relación de enmiendas a las cuentas de 2012 la petición de eliminar el artículo 26, que prevé el recorte del 50 por ciento de las retribuciones que percibe el personal del Instituto Catalán de la Salud (ICS) en concepto de complemento de productividad variable (DPO).
En caso de ser rechazadas, el sindicato pide a los grupos parlamentarios que el recorte que debe asumir el médico sea como el del resto del personal de la Generalitat, evitando así que el médico sea penalizado por partida doble.
Por otro lado, la Mesa ha tramitado una enmienda para suprimir íntegramente el apartado en el que MC reclamaba una limitación temporal a la suspensión de los acuerdos sindicales y a la inaplicación de los convenios colectivos en casos específicos, que recoge el artículo 38 del Proyecto de Ley.
Asimismo, Metges ha logrado paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) del Hospital Sant Pau de Barcelona ante el silencio administrativo de la Conselleria de Empresa y Empleo frente al recurso que presentó el sindicato contra esta medida, que planteaba una suspensión del trabajo durante dos semanas hasta el 31 de diciembre de 2012 de un total de 1.397 trabajadores.
El PP también quiere librar a los que cobran pensiones contributivas inferiores a 14.000 euros
MC pide que si se rechazan sus enmiendas, no se penalice al médico más que al resto
