Al igual que hiciera en 1993, con una Proposición No de Ley que impulsó lo que finalmente dio lugar al Pacto de Toledo por las pensiones, Convergencia i Unió ha planteado al Gobierno la convocatoria de un gran pacto por la Sanidad. El objetivo es dar respuesta, principalmente al reto que supone el gasto sanitario que “hoy por hoy es insostenible”, según explicó su portavoz, José Antonio Duran i Lleida en una interpelación al Gobierno. Y es que, según afirmó, la situación actual y futura del sistema sanitario es grave y la previsión es que en los próximos años el gasto sanitario “crecerá por encima del PIB”, por lo que “tenemos un problema”, explicó el portavoz de CiU. Por ese motivo, desde su punto de vista, “antes de llegar a un acuerdo sobre la cartera de servicios” hay que saber con qué “recursos contamos y, con esos recursos decidiremos la cartera de servicios”.
De este modo, el diputado catalán explicó que lo más importante que se tiene que resolver a día de hoy es la financiación del sistema sanitario ya que el Estado transfirió el gasto pero no transfirió “la decisión de lo que luego se transforma en gasto”. En este sentido se preguntó por los motivos por los que las CCAA no pueden intervenir en las decisiones de aprobación de medicamentos y cifró, por ejemplo, en 30 millones de euros el gasto por anticonceptivos orales, aprobado por el Gobierno a principios del pasado año, prestación por la que las comunidades autónomas no reciben dinero alguno.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, recogió el guante de la propuesta de pacto y recordó que ella misma había realizado una propuesta similar para el ámbito sociosanitario. Una propuesta que, según la ministra, permita “reforzar las características del sistema sanitario, facilite el acceso a las mismas prestaciones a todos los ciudadanos y que ofrezca financiación suficiente y permanente en el tiempo”. Un pacto que Mato espera que se haga realidad “más pronto que tarde”.
Pero Duran i Lleida, más allá de las características del sistema y sus servicios, puso el foco en la sostenibilidad. En este asunto “no sirve la demagogia –dijo–. “Tenemos la obligación de asegurar servicios, pero son caros”, por lo que hay que “concienciar y tomar medidas para asegurar su viabilidad”.
Un diagnóstico con el que coincidió Mato. Hay que poner “freno a un gasto con control que acaba siendo un dispendio cuando paradójicamente los proveedores dejan de cobrar”, explicó la ministra, que anunció que los primeros pasos a dar, en coordinación con todas las comunidades autónomas, tendrán lugar en el próximo pleno del Consejo Interterritorial del próximo 29 de febrero.
