i. gonzález Madrid | viernes, 02 de marzo de 2012 h |

La Confederación empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (Ceofa) ha dado un paso más en su lucha contra las subastas de medicamentos andaluzas. El pasado 29 de febrero formalizó un recurso de alzada contra la publicación de la primera convocatoria para la licitación de medicamentos ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que preside María Jesús Montero. Además., su recurso viene respaldado por un dictamen encargado por la patronal a Miguel Capó, abogado del despacho García de Enterría, sobre la inconstitucionalidad del sistema de subastas.

Con este recurso, que busca la nulidad de la convocatoria dado su “manifiesta inconstitucionalidad”, la patronal quiere poner de manifiesto una vez más “su decidida intención de luchar por todo los medios legales a su alcance contra la instauración de este sistema, contrario a la necesaria cohesión del sistema sanitario público estatal y discriminatorio respecto del ciudadano andaluz y de los profesionales que los sirven”.

La patronal sigue así los pasos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéutico (Cacof) que interpuso su propio recurso de alzada el pasado 22 de febrero. La farmacia andaluza ha optado así por atacar la resolución de la primera convocatoria de las subastas, dado que el rango normativo por el que fue aprobado el conjunto de esta medida (el decreto-ley) limitaba su capacidad de actuación contra la misma.

No obstante, el estudio jurídico encargado por Ceofa, al que ha tenido acceso EG, pone de manifiesto que dicha normativa incurre en inconstitucionalidad por no respetar la competencia exclusiva del Estado para legislar sobre productos farmacéuticos y por haber regulado de forma autónoma un sistema de precio seleccionado. “Estamos en presencia de una regulación autónoma e independiente de la establecida en la legislación del Estado e incluso en clara oposición a lo establecido en esta”, concluye el citado dictamen.

Por otra parte, añade que el sistema de subastas infringe el artículo 38 de la Constitución Española al incidir sobre la libertad de empresa y limitar “en forma desproporcionada” la libre competencia. “Es obvio que para asegurar el abastecimiento de un determinado medicamento o producto sanitario no es necesario adjudicar el aprovisionamiento a un único laboratorio”, señala el estudio.

Es más, en sus líneas, se advierte de que la norma, en comparación con el hipotético beneficio que puede reportar al Servicio Andaluz de Salud, “puede abocar a un sacrificio mayor para la industria farmacéutica española y, por tanto para la economía nacional en cuanto pueda afectar a la supervivencia de algunos de aquellos laboratorios o empresas proveedoras que resulten rechazados”.

Sin embargo, recuerda que solo tienen legitimación para interponer un recurso contra estos aspectos el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados y 50 senadores. El dictamen encargado por Ceofa incorpora, además, la posibilidad de iniciar diálogo institucional al amparo del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para evitar el recurso. Esta opción es la que ha iniciado el Ministerio de Sanidad al enviar una carta a la Consejería de Salud andaluza (ver EG núm. 554).