C.m.lópez Madrid | viernes, 04 de julio de 2014 h |

Más autonomía de gestión, establecer indicadores de calidad y evaluar los resultados en salud son tres de los pilares que acompañan a los requisitos de gestión clínica. Así al menos lo aseguran los expertos para garantizar la excelencia y su buen funcionamiento. Bajo estos principios quiere instaurarse la gestión clínica en el servicio castellanoleonés de salud (Sacyl). A pesar de los obstáculos “legales” por los que ha pasado en los últimos meses parece que las aguas vuelven a su cauce. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), el proyecto de decreto de gestión ha sido adaptado acorde al fallo.

Los cambios que incorpora el documento son fruto de las reuniones mantenidas en la Mesa Sectorial y en la Mesa General del Consejo de Sacyl, así como de las propuestas de las sociedades científicas y colegios profesionales. De esta manera, el documento establece modificaciones de las funciones de algunos puestos de trabajo, por lo que debe ser objeto de negociación sindical.

El borrador

A pesar de los vaivenes, el borrador se aproxima al texto pactado entre Foro y Sanidad (ver GM nº 518). En este sentido, para Sacyl la gestión clínica es una forma de organización de los centros públicos con carácter público y sin personalidad jurídica propia. Las áreas formarán parte de los hospitales y centros de atención primaria. Además, en el documento Sacyl deja claro que las nuevas propuestas incluidas en este sexto borrador permiten evitar cualquier valoración relativa a los riesgos de externalización de estas unidades o de un funcionamiento distinto al que está establecido en la sanidad de Castilla y León.

En cuanto a los trabajadores, mantendrán su caracter de trabajadores públicos,estatutarios, funcionarios o laborales. Según el artículo 3 los profesionales de los equipos, servicios, secciones o unidades asistenciales que pasen a conformar una UGC seguirán manteniendo la misma relación jurídica administrativa de vinculación con la gerencia regional de Salud”. Asimismo, aquellos profesionales que decidan no incorporarse a esta organización mantendrán su actual estatus laboral. Según apunta el documento, “las UGC y sus profesionales actuarán con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico general aplicación a los centros e instituciones sanitarias del Servicio Público de Salud de Castilla y León”. De este modo, tanto la contratación de los profesionales como la adquisición de bienes y servicios se realizará de acuerdo a las actuales normas de funcionamiento.

Por otra parte, el borrador establece que “el proyecto de gestión clínica no tiene como finalidad el ahorro de recursos, sino la adecuación de criterios clínicos”, basados en la evidencia científica de la práctica clínica y la asistencia a los pacientes.

Para la gerencia es clave la confianza en los profesionales y facilitar la autonomía en la organización del trabajo. “Ceder poder por parte de los gestores y de los sindicatos a favor de los profesionales, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus pacientes”. Al igual que en el resto de experiencias que existen con la gestión clínica, el modelo defiende constituir una unidad de gestión bajo unos indicadores de calidad y de resultados, de seguridad, de gasto, formación continuada y de investigación.

La lucha sindical

A los sindicatos no parece convencerles demasiado el decreto de gestión. La semana pasada, la mayoría de las organizaciones —UGT, CC.OO, Satse, CSI-F, USAE— rechazaron el modelo de unidades y denunciaron que su objetivo es reducir el volúmen de recursos que se destina a la sanidad, lo que perjudicaría al sistema sanitario autonómico. Los responsables de las centrales expresaron su oposición al borrador.

El TSJ considera el plan “disconforme con el ordenamiento jurídico”

A principios de mayo, la consejería de Sanidad recibió un varapalo por parte del Tribunal Superior de Justicia autonómico, al considerar que el plan de las unidades de gestión clínica, germen de uno de los proyectos estrella de la Administración para la presente legislatura, es “disconforme con el ordenamiento jurídico”.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo de Valladolid anunció su decisión de estimar el recurso interpuesto por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. y anular la resolución de 31 de mayo de

2012 del director gerente de la Gerencia Regional de Salud por la que se aprobaba el ‘Programa Especial de Gestión Clínica’. El fallo se debe no tanto al fondo sino a la forma en que se puso en marcha el plan, ya que la Administración no negoció en la mesa sectorial sanitaria “una medida de planificación de recursos humanos que afecta a las condiciones de trabajo y/o modifican las funciones existentes”. Para el TSJCyL, si la resolución recurrida “crea nuevos órganos gestores y define las competencias de cada uno de ellos” supone que “cambia, modifica y altera las plantillas orgánicas” respecto a los servicios citados, un cambio que —según la resolución— no ha tenido ningún acuerdo previo.