Reforma/ Cataluña paraliza el recurso, pendiente de la reunión de una comisión bilateral con el Ejecutivo que también piden País Vasco y Andalucía

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E.M.C. Madrid | viernes, 15 de junio de 2012 h |

El Tribunal Constitucional no parece ser el mejor escenario para librar una lucha interminable por la defensa de las competencias autonómicas frente a la reforma estructural sanitaria del gobierno. A pesar de los anuncios de Andalucía, País Vasco y Cataluña de su intención de interponer recursos sobre diferentes artículos del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 16/2012, que contradicen sus estatutos propios, la llamada al diálogo se impone.

Esta misma semana, la Generalitat y el Ejecutivo central han concretado la convocatoria antes del verano de la reunión de una comisión bilateral en la que limarán asperezas sobre los puntos más conflictivos. Hasta entonces, la Generalitat deja en suspenso su recurso sobre los diez puntos del real decreto ley que el Consejo de Garantías Estatutarias determinó que interferían en las competencias y normas autonómicas (ver GM, nº 425). Como contrapartida, el gobierno tampoco moverá pieza en su posible recurso contra la tasa catalana por receta. Además, la apertura de este espacio de negociación, muy criticado por la oposición socialista catalana, permite ampliar de tres a seis meses el margen para presentar estos recursos ante el TC.

Así las cosas, los responsables andaluces y vascos esperan que esta negociación a dos bandas no sea la única. La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ya avanzó la intención del Ejecutivo regional de solicitar la creación de una comisión bilateral que permitiera resolver mediante el diálogo y de manera más rápida el conflicto de competencias (ver GM,
nº 424). De igual modo, la consejera de Presidencia e Igualdad de Andalucía, Susana Díaz, ha confirmado que pedirán al Ejecutivo la convocatoria de una comisión bilateral de cooperación para buscar una solución “pacífica y satisfactoria” en estos temas. En cualquier caso, al cierre de esta edición no hay novedades en ninguno de estos frentes.

En la esfera parlamentaria, la aprobación en el último pleno del Congreso de los Diputados de la creación de la subcomisión para el análisis de la sostenibilidad del SNS en el marco del Pacto Sociosanitario también alienta el diálogo. En la justificación de los votos, con el sí de todos los grupos, salvo el voto en contra de Izquierda Plural y la abstención del PSOE, prima el deseo del alcanzar acuerdos que permitan, aunque a destiempo, corregir por esta vía parte de los cambios controvertidos que introduce el decreto de reforma sanitaria.

Uno de ellos, ya está en vías de rectificación. Y es que Sanidad ultima el borrador del proyecto de decreto ley que regulará la condición de asegurado y beneficiarios de la asistencia sanitaria, cuyo texto resuelve lagunas como la cobertura de mayores de 26 años o mujeres divorciadas que no hayan cotizado, que tendrán acceso a la tarjeta sanitaria acreditando ingresos inferiores a los 100.000 euros anuales, pero deja fuera a los llamados “rentistas” que superen este umbral. La asesoría jurídica de la Organización Médica Colegial ya estudia el contenido del texto, y la entidad ha pedido a los colegios que remitan las alegaciones que consideren oportunas.

El documento no introduce cambios en la atención a inmigrantes en situación irregular, que sí serán atendidos por la sanidad pública en Asturias. El nuevo consejero, Faustino Blanco, ha dado instrucciones al Sespa para que facilite la asistencia sanitaria a este colectivo, más de 4.000 personas en el Principado, recalcando que resolverá la situación de forma parcial, “pero digna”, y que su instrucción respeta la norma general.

Como el resto de las regiones, tendrá que aligerar el paso para hacer efectivo a día uno de julio el copago farmacéutico por renta. El conseller catalán, Boi Ruiz, ya ha advertido de las dificultades y complicaciones en la aplicación práctica del nuevo sistema. A 15 días de su implantación, su departamento sigue pendiente de recibir las bases de datos del aumento general del copago, y asegura que quedan por resolver cuestiones básicas, como saber a qué rango pertenecen los pacientes y a quién deben acudir los ciudadanos en caso de que tengan que trasladar alguna queja.

“Su pregunta está basada en dos presupuestos falsos. Me habla usted de recortes y también de rescate, y ya le digo que ni lo uno ni lo otro”. Esta fue la respuesta de la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la última sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados a las dudas expresadas por la portavoz socialista Esperanza Esteve, que interrogaba a Mato sobre las consecuencias de la situación de rescate en los recortes del gobierno en el Estado de Bienestar.

La ministra insistió en que el Ejecutivo está impulsando las reformas necesarias para crecer y generar empleo, “la única manera de garantizar el bienestar de todos los españoles”, recalcó Mato.

La titular de Sanidad empleó los mismos argumentos con los que contestó a la ex ministra socialista Trinidad Jiménez, a quién reprochó no haberse “alegrado” del acuerdo alcanzado con la Unión Europea para poner a salvo el sistema financiero español.