br
La Generalitat catalana ha acordado este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el recorte sanitario que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo ha acordado el Consell Executiu después de que el Consejo de Garantías Estatutarias apreciase este lunes que el recorte vulnera la Constitución y el Estatut.
El gobierno se escuda en un informe de este órgano consultivo, que ha encontrado aspectos de inconstitucionalidad en el real decreto ley sobre sanidad aprobado del Gobierno central. En el escrito de conclusiones, el consejo aprecia que el decreto es contrario a tres artículos de la Constitución, además de invadir las competencias de la Generalitat recogidas en el Estatut.
El dictamen aprecia diez aspectos que podrían no ser legales, entre ellos que el decreto no cumplía la “extraordinaria y urgente necesidad” que defendía. Encuentra errores en diversos artículos del decreto, además de la disposición adicional sexta, precisamente los que más polémica habían originado y que modifican el concepto de asegurado por el sistema sanitario, la prescripción de medicamentos, la dispensación de fármacos en los hospitales, el cambio en las profesiones sanitarias y en los estatutos del personal, entre otros.
Además, ve vulneradas las competencias de la Generalitat en el reconocimiento y control de los asegurados por el sistema, en la obligación de dispensar medicamentos genéricos, en los cambios sobre el copago farmacéutico y en lo referente a la donación de células y tejidos humanos.
Asimismo, el Parlament ha abierto un plazo para que, después de las conclusiones del Consell de Garanties, la cámara pueda presentar otro recurso contra los ajustes sanitarios.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado esta mañana que opina “exactamente lo contrario” que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña sobre este asunto, ya que considera que la norma es “escrupulosamente respetuosa con la Constitución” y es fruto del consenso “con la inmensa mayoría” de las comunidades autónomas”.
En declaraciones a los medios tras firmar un convenio con la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP) contra la violencia de género, Mato ha defendido que la ley “es respetuosa con la Constitución, garantiza la viabilidad del sistema sanitario de futuro y es una buena fórmula para que se siga contando con una sanidad pública gratuita y de calidad para todos los ciudadanos”.
