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El Consejo de Gobierno de Cataluña ha asumido como propio el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y prepara la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso sobre diez puntos del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, frente a los cuatro que recurrirá el País Vasco.
Lo confirmaba esta semana el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, que ha aclarado, no obstante, la decisión del Ejecutivo autonómico de cumplir con la ley hasta que exista una sentencia. De hecho, apenas dos días después el parlamento catalán rechazaba con apoyo de CiU y PP, la moción socialista que instaba a dejar de aplicar el decreto de Mariano Rajoy. De este modo, Cataluña seguirá un camino diferente al de País Vasco, que tras anunciar el recurso aseguró que dejaría “sin efecto” las medidas del real decreto hasta resolver el conflicto de competencias (ver GM, nº 424).
A pesar del recurso, Homs asegura que el gobierno catalán no teme represalias del Ministerio de Sanidad contra la tasa por receta que recoge su ley de acompañamiento presupuestario. “Por ahora, no se ha presentado”, indicó a la prensa. “Si se hiciera, habría un problema político muy grande. ¿Cómo explicaría el Gobierno central que recurre una medida de una administración en sintonía con las exigencias de la Unión Europea?”, preguntó.
Diez puntos conflictivos
De entrada, el consejo de garantías catalán, un órgano consultivo, considera que el RDL 16/2012 es contrario al estatuto porque no cumple el requisito constitucional de “extraordinaria y urgente necesidad”. Junto a esta objeción, encuentra nueve puntos más en los que el texto de la reforma sanitaria invade competencias o contradice el estatuto, y solo dos coinciden con los puntos que serán recurridos por el País Vasco. Por una parte, la regulación de la condición de asegurado, que atribuye su control al Instituto de la Seguridad Social. Por otro, la integración del personal funcionario en el marco estatutario, que vulnera las competencias de la Generalitat.
En el capítulo de Recursos Humanos, el consejo de garantías también pone el acento en la acreditación de centros docentes. Según el RDL, la resolución de las solicitudes de acreditación de centros y unidades, así como su revocación, correspondería al Ministerio de Sanidad, un matiz que no agrada en Cataluña.
Además, el gobierno autonómico recurrirá el artículo que recoge que las comunidades no podrán establecer, de forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, dispensación y financiación, así como la modificación de la ley del medicamento que obliga a dispensar el genérico o biosimilar correspondiente, aparte de otros aspectos relacionados con el tratamiento de datos para determinar la aportación del ciudadano en el copago farmacéutico o la regulación de los servicios de farmacia hospitalaria en centros sanitarios o sociosanitarios.
También recurrirá la norma que atribuye a la Organización Nacional de Trasplantes la competencia para autorizar las actividades de promoción y publicidad para la donación cuando superen el ámbito territorial de una comunidad.
Sin embargo, ninguno de estos argumentos convence a la ministra de Sanidad, Ana Mato, que asegura que el decreto respeta escrupulosamente la Constitución y a las comunidades autónomas. De hecho, opina “exactamente lo contrario” al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y recalca que la norma es fruto del consenso “con la inmensa mayoría” de las comunidades.
En cualquier caso, Francesc Homs ha recalcado que van a utilizar todas las consideraciones del consejo para la defensa de las competencias de la Generalitat, pero desde una perspectiva de responsabilidad. “A los gobiernos puede gustarnos o no, pero debemos movernos en el marco de la ley”, ha subrayado, cuestionando el llamamiento del partido socialista catalán a la “insumisión” cuando en Andalucía, aclara, “se va a cumplir la norma”.
Desde esta comunidad autónoma, la consejera de Sanidad y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha aplaudido la decisión de Cataluña y País Vasco, en línea con la actuación de su región. Según la última información disponible, los servicios jurídicos de la Junta trabajan también en el recurso contra el copago farmacéutico anunciado hace casi un mes por el gobierno andaluz.
Montero ha hecho hincapié en que desde primer momento “tenía visos de ser inconstitucional”, tal y como recoge Europa Press, por lo que ve “razonable y lógico” que se presente. La consejera recuerda que estas tres comunidades tienen estatutos propios y renovados que contemplan como titulares de los derechos todos los ciudadanos que residen en el territorio.
Por su parte, el consejero de Sanidad vasco, Rafael Bengoa, ha recordado esta semana ante la comisión del parlamento autonómico que el País Vasco actuará como “cortafuegos” del real decreto de reforma sanitaria, una norma que, insiste, cambia el modelo sanitario.