C. Ossorio
Barcelona
La falta de acuerdo con los sindicatos se cobrará un 5 por ciento del sueldo de los 48.000 empleados de las tres patronales del sector sanitario concertado en Cataluña a partir de este mes de junio.
Así lo anunciaron la semana pasada los presidentes del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), la Unió Catalana de Hospitales (UCH) y la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), escudándose en que es “la única alternativa” para evitar una reducción de plantillas y mantener el volumen de atención y calidad en la actividad de las entidades.
Como detalló Boi Ruiz, presidente de UCH, es una consecuencia del recorte del 3,21 por ciento sobre las tarifas que paga la Consejería de Salud de la Generalitat por los servicios concertados.
Los tres representantes del sector concertado hicieron hincapié en que se han visto abocados a tomar esta “decisión urgente para evitar un mal mayor”, en aras del equilibrio presupuestario, y dejaron claro que es una medida lineal que afectará a todos los trabajadores por igual, con independencia de su sueldo.
Además, Ruiz añadió como justificación de la rebaja salarial que el recorte del 3,21 por ciento se verá agravado por el aumento de las tarifas eléctricas y del IVA.
Aunque las conversaciones con los sindicatos han quedado suspendidas por el momento, concretaron que “no se han roto” y que consideran “comprensible” la consecución de un pacto en el contexto actual, con la huelga general del 29 de septiembre.
Denuncia de Metges
Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya (MC) no ha tardado en manifestar su rechazo, repudiando la actitud “prepotente y amenazadora” de las tres patronales. Para Antoni Gallego, secretario general de MC, esta medida es “ilegal” y tacha de “irresponsabilidad” esgrimir la preservación de los puestos de trabajo como “excusa” para aplicar la rebaja en los salarios del personal médico, debido a que el sector concertado tiene “déficit de profesionales importante”.
Por ello desde el sindicato han confirmado que “no reconocerá” a estas entidades como interlocutores válidos y que impugnará la decisión de rebaja salarial ante los tribunales.
Una medida que, según advirtieron las patronales, tendría como consecuencia directa el recorte de plantillas, mediante expedientes de regulación de ocupación en los hospitales.
