“El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales es un instrumento del actual sistema de financiación carente de sentido”. Esta es una de las conclusiones más contundentes que contiene el informe que el Gobierno de Castilla y León ha presentado al Ministerio de Hacienda de cara a la revisión del modelo. Si se atiende a la verdadera función del sistema de financiación autonómica (la garantía de la igualdad de las personas en el acceso a los servicios públicos con independencia de la capacidad económica de los ciudadanos), la Junta cree que el sistema de financiación actual no contempla de forma suficiente las diferencias que existen en el coste de prestación de los servicios del Estado del Bienestar derivados de circunstancias distintas de la población. En especial, afirma que elementos como la superficie, la dispersión, el envejecimiento o la baja densidad de población no se encuentran ponderados de forma correcta y en grado suficiente en la prestación de los servicios del Estado del Bienestar.
En el caso concreto de la financiación de la Sanidad, el informe regional señala expresamente que, a la hora de asignar sus recursos, el sistema actual no atiende de forma suficiente al envejecimiento relativo y a la dispersión. Estos son los dos elementos, a su juicio, más relevantes para determinar el coste diferencial entre comunidades a la hora de prestar asistencia sanitaria.
Envejecimiento y recursos
El envejecimiento está directamente relacionado con un mayor uso de los recursos sanitarios. Las causas son muy variadas: la afectación por patologías crónicas, la duración de las estancias hospitalarias, la complejidad de los procesos, la prescripción farmacéutica, el consumo de productos dietéticos y ortoprotésicos… Es un hecho reconocido, pero cuyos efectos resultan relativizados por el anacronismo de los cálculos en los que se basa el actual sistema.
Para cuantificar las diferencias relativas de coste entre grupos de edad, el Grupo de Trabajo de Análisis del Gasto Sanitario del Consejo de Política Fiscal y Financiera elaboró en 2007 un informe que utilizó unos índices de ponderación para siete grupos. Pero dichos índices fueron calculados con ocasión de otro informe elaborado por este mismo grupo en 2005, y para el cual se utilizaron datos de población y gasto sanitario de 2001.
Castilla y León resalta que “han transcurrido más de 13 años respecto de la referencia temporal sobre la cual se calcularon estos índices”, un tiempo durante el cual la estructura de la población española ha cambiado, y con ella también los factores con los que se calcularon estos índices en su momento (la complejidad y coste de los procedimientos médicos, la composición del gasto sanitario por funciones y, probablemente, la intensidad relativa de cada una de las funciones en los distintos grupos de edad).
El esquema actual no sirve
Para empezar, el informe señala que el peso relativo de las personas mayores de 75 años se ha incrementado un 20 por ciento (los mayores de 75 años han pasado de suponer el 7,5 por ciento de la población en 2001 al 9 por ciento en 2012). Si a este hecho se añade que se produce un crecimiento del gasto sanitario a medida que se incrementa la edad, los técnicos de la consejería de Hacienda regional concluyen finalmente que “puede afirmarse que es muy probable que el esquema actual de siete grupos de edad no sirve para representar de forma adecuada el gasto sanitario de los mayores de 75 años”.
Castilla y León presenta varios cálculos para mostrar la relevancia que tiene el gasto sanitario en los mayores de 75 años (ver tabla) en determinadas comunidades autónomas. Por ejemplo, en base a los datos oficiales de 2010, el gasto sanitario estimado para las personas de más de 75 años alcanza en general la cuarta parte del gasto total, aunque en dos comunidades autónomas (Castilla y León y Asturias) supone más del 30 por ciento.
Asimismo, y de cara a valorar las diferencias de coste en la prestación de los servicios sanitarios, Castilla y León ha realizado dos estimaciones diferentes de gasto sanitario, la primera basada en la estructura real de la población, y la segunda calculada a partir de una estructura de población por edades similar en todas las comunidades autónomas.
El resultado demuestra de nuevo los desequilibrios entre regiones. En tres comunidades (Asturias, Galicia y Castilla y León) la diferencia entre el gasto estimado con su estructura de población real y el gasto estimado con una estructura de población similar a la media de las comunidades resulta un 10 por ciento superior.
Dispersión y accesibilidad
En cuanto a la accesibilidad a los servicios condicionada por la dispersión de la población, la normativa estatal determina que existan Zonas Básicas de Salud de muy distinto tamaño. Debido a que cada zona tiene unos gastos fijos muy relevantes se produce un coste más elevado en la prestación de los servicios sanitarios por habitante en aquellas comunidades que, por sus características, deben contar con un número mayor de Zonas Básicas de Salud que la media.
La media es de 57 zonas por cada millón de habitantes, pero hay comunidades autónomas (Castilla y León es una de ellas) que rondan las 100 mientras que otras regiones no llegan a las 50. Esto es, en algunas la media de personas atendidas en cada Zona es de casi 10.000 mientras que en otras cada zona atiende a unas 20.000 personas, aproximadamente.
