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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado al término del Consejo Territorial de Dependencia, celebrado la semana pasada, que ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para preparar una reforma de distintos aspectos del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) a fin de “garantizar” tanto su “viabilidad” como la prestación de servicios “en igualdad de condiciones” en todo el territorio nacional.
En conferencia de prensa, Mato ha explicado que se han constituido cuatro grupos de trabajo integrados por las comunidades autónomas que analizarán el baremo de valoración de la dependencia, la adecuación de los servicios y prestaciones a sus beneficiarios a fin de fijar una cartera única en todo el país, el procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones y los “aspectos económicos” de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Estos grupos deberán tener sus “primeras propuestas” listas este mes de abril y las conclusiones en el mes de mayo, para que el Consejo Territorial del ramo debata y apruebe las iniciativas en el mes de junio. En paralelo, las comunidades ultimarán un balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en sus territorios que remitirán al Ejecutivo en los próximos días para disponer de una evaluación global del sistema, aunque la ministra ha presentado un avance.
Según ha dicho, el primer estudio que ha realizado el Ejecutivo sobre la aplicación de la norma le ha llevado a concluir que es un “laberinto normativo” en el que “las situaciones que se consideraban excepcionales se han convertido en la norma” sin que con ello se haya mejorado la calidad de la atención, cuya calidad “no se garantiza” porque las prestaciones económicas “no aseguran las condiciones más adecuadas a las necesidades de los dependientes”. Además, Mato ha afirmado que la Ley “no ha contribuido a crear empleo sino todo lo contrario” porque se perdieron 8.305 puestos en servicios sociales el año pasado, que su aplicación ha provocado “la construcción de 17 sistemas distintos” de dependencia en las comunidades autónomas y que, en general, está basada en “el desfase entre las previsiones en número de dependientes —se preveía 1,7 millones para 2015 y ya son 1,5 millones— y de financiación”. En su opinión, esta situación hace necesario “establecer criterios comunes y aspectos básicos tanto en el baremo de valoración como en otras cuestiones”.
