La proporción de países en los que los nuevos medicamentos no llegan a comercializarse está aumentando, aunque el retraso en aquéllos en los que sí se comercializan ha tendido a reducirse y a hacerse más similar. Así lo pone de manifiesto un estudio sobre el impacto del Sistema de Precios de Referencia Internacional (SPRI) sobre el mercado farmacéutico europeo, llevado a cabo por la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) con la colaboración de GSK en base a datos de IMS. Estos retrasos no son solo atribuibles al uso del SPRI. Jaime Espín, responsable del estudio, asegura que algunas estrategias industriales contribuyen a ello, aunque “los trámites burocráticos y de negociación también son causas de retraso”.
Las diferencias que genera la mecánica de fijar el precio de los fármacos mediante referencias a los precios de otros países constituye un problema muy heterogéneo y, en cierto modo, paradójico, ya que otra de las conclusiones del estudio indica que, mientras las diferencias entre países crecen, los precios de entrada de los nuevos medicamentos tienden a converger en Europa, como resultado de la legalidad del comercio paralelo y del uso del SPRI.
Espín asegura que “si el uso de este mecanismo se sigue extendiendo a todos los países europeos (aunque ya está implantado en casi todos), la convergencia de precios de los medicamentos seguirá siendo una realidad”. Dicha convergencia podría acelerarse “si los países no solo establecen el precio inicial mediante el sistema de precios de referencia, sino que los actualizan periódica y frecuentemente con el mismo criterio”. Por el contrario, podría ralentizarse “si los países forman su cesta de referencia con países de un nivel de renta similar” o “si algunos países establecen un gradiente de precio asociado a las diferencias de renta entre los países de referencia y el propio país”.
Pero en el camino a este ‘precio único’ sigue habiendo una piedra. Aunque los precios oficiales tienden a converger, “es posible que los precios reales de transacción, una vez incorporados los descuentos habitualmente confidenciales, presenten mayores diferencias” entre países. En estas diferencias influyen tanto las características de los medicamentos (mayor o menos innovación, si la comparación se hace en el ámbito hospitalario o ambulatorio, etc.) como las diferencias de precios motivadas por las fluctuaciones de la moneda. Un estudio de Eurostat del año 2005 ya señaló que la diferencia de precios entre el país de precio más bajo (Polonia = 68) y el más alto (Alemania = 128) podía ser el doble (EU25=100). En cambio, si el comparador es el PIB_per cápita, la diferencia es 4,5 veces mayor (6.400 euros/habitante en Polonia frente a 27.000 en Alemania). “No solo es importante cuál es la diferencia de precios de los medicamentos —explica Espín—, sino cuál es la diferencia del poder adquisitivo.
Transparencia
Precisamente una de las principales demandas de la sociedad civil es que el SPRI incluya una mayor transparencia de los precios del mercado farmacéutico. En el eje de esta demanda está precisamente el evitar las diferencias de acceso que genera el sistema. Hoy, los países de menor renta están siendo los más perjudicados, ya que dificulta su capacidad de adquirir fármacos a un precio asequible. Teniendo en cuenta que esta tendencia va a mas, una de las posibles correcciones, según Espín, “es que la industria ofreciera unos descuentos a los países de tal manera que, aunque el precio fuera el ‘precio europeo’ fruto de la convergencia, el precio real tuviera un descuento en relación a la capacidad adquisitiva (PIB per cápita) de los países”.
Espín cree necesario avanzar hacia los “precios reales” de transacción por dos motivos. Primero, por la ausencia de “lógica” de realizar acuerdos confidenciales de precio con dinero público. “Si el precio estuviera fijado en relación al valor terapéutico y el precio real de transacción fuera público, se estaría ante un sistema más eficiente y equitativo”, dice. En segundo lugar, publicar estos precios haría más difícil ejercer “posibles conductas arbitrarias y corruptas a nivel de compradores y reguladores y mejorar la rendición de cuentas de los gestores públicos”.
