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El nuevo ‘conseller’ informará a los pacientes sobre el coste de los servicios sanitarios pero renuncia a que sufraguen algunos debido a la crisis
Pretende optimizar las instalaciones de los centros públicos y privados antes que construir los nuevos hospitales que están proyectados
C. O.
Barcelona
El perfil del nuevo conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña cumple con lo anunciado. Médico e independiente, Boi Ruiz se pone al mando de la sanidad catalana en un escenario receloso.
El cirujano ortopédico y traumatológico, hasta ahora presidente de la patronal sanitaria concertada más importante de Cataluña, la Unión Catalana de Hospitales (UCH), ya ha recibido las críticas del sindicato Metges de Catalunya (MC), que tilda de “decepcionante” su nombramiento, y Catac-CTS ha convocado una movilización en su contra el día 12 de enero.
Antoni Gallego, secretario general de MC, a pesar de valorar que la llegada de Boi Ruiz es un “enorme retroceso para la comunidad médica”, confía en un catálogo de servicios adecuado a los presupuestos. Una tarea en la que considera “imprescindible” la participación de los facultativos como conocedores del sistema, desde un convenio médico propio.
Gallego criticó que el nuevo conseller fuera en su día uno de los “máximos responsables” de la huelga de los médicos catalanes de la primavera de 2006.
Fiel defensor del copago, Ruiz aseguró en público que esta medida no entra en su agenda, ya que afectaría a las personas más desfavorecidas en estos momentos de recesión económica. Ahora bien, lamentó que no se implantara antes de la crisis. Parece que en la actualidad la reorganización pasará por el estudio exhaustivo de las prestaciones y la modificación de la “forma de gastar”.
El mes de junio de este año, él defendió junto a la ex consellera de Salud Marina Geli medidas de copago ligadas a la renta, así como una rebaja fiscal para los ciudadanos con mutua privada de salud. Ésta segunda sí se efectuará.
En este sentido, recientemente afirmó que la situación de la sanidad pública autonómica sería “dramática” si no fuera porque el 25 por ciento de los catalanes tienen contratado un seguro privado. Recordó que Cataluña dedica una media de 1.200 euros anuales por habitante para obtener unos resultados similares a los de otras comunidades autónomas que gastan 1.600 euros, algo que agradece a ese cuarto de la población que efectúa un “esfuerzo complementario”.
También es partidario del copago del menú de los hospitales, ya que lo considera una prestación separada de la atención sanitaria, si bien en estos momentos “no lo tiene previsto”.
Ruiz, que pretende continuar con las políticas iniciadas por Geli, anunció como reformas estructurales que acometerá el nuevo Gobierno la mayor flexibilidad en la capacidad de compra y la supresión del IVA que asumen los centros por los productos sanitarios —siempre se ha mostrado crítico con la subida de este impuesto en este concepto—.
Primeras medidas
Para comenzar, Ruiz retomará una de las medidas que ya en su día llevó a cabo el Gobierno de Jordi Pujol. Ha anunciado que a los pacientes que acudan al sistema se les notificará la conocida como ‘factura falsa’ o ‘factura sombra’, para sensibilizarles sobre el coste del servicio que hayan recibido. “La información tiene que crear conciencia” sobre el “bien limitado” que es un servicio sanitario, comentaba el conseller, apelando a la “responsabilidad” y la “solidaridad” de los usuarios.
Como el nuevo Gobierno se ha comprometido a no recortar servicios, pero tiene que lidiar con el desvío de 850 millones de euros que la sanidad registró el año pasado, Ruiz ha hallado la solución en la reorganización de los hospitales, de forma que no todos los centros ofrezcan los mismos servicios. Ahora, según ha concretado, “se alejarán” las prestaciones. Con ello pretende que se “utilice el nivel de resolución de un problema más adecuado y no el que esté más cerca”, según declaró a TV-3. Lo que no ha aclarado el conseller es la forma en la que se gestionará la demanda creciente en los hospitales, dependiendo del servicio.
Por otro lado, señaló que la construcción de nuevos hospitales que ya estaban proyectados se retrasará, ya que la falta de recursos económicos supone que “el proyecto no es viable en este espacio de tiempo próximo”. Pero matizó que no queda eliminado del mapa sanitario, sino que se “irá encajando” en el futuro. De momento, prefiere optimizar las instalaciones y recursos de los centros privados.
Y en la ardua tarea para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario contará con el apoyo de Miquel Vilardell, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB).
El Gobierno de Artur Mas ha creado un órgano asesor externo en materia de Sanidad que presidirá este experto en la materia, pues ya lideró los dos conocidos informes a los que da nombre sobre la racionalización y financiación del gasto sanitario en Cataluña. Antes de la formación del Gobierno catalán, Vilardell ya comentaba en una entrevista con GM que hay que dejar de lado el término copago, para pasar a revisar realmente la cartera de servicios, la eficacia de lo que se incluye y su aprobación a partir de una partida presupuestaria. “Si no hay presupuesto, para que la equidad del sistema no se rompa, será necesario la corresponsabilización de las personas con rentas más altas”, señaló, en servicios como la sanidad bucodental.
En cuanto a los profesionales, Vilardell considera que las tareas que hereda el nuevo conseller son la mayor participación en la gestión clínica —autogestión— y una negociación mucho más directa con la patronal dentro de las instituciones sanitarias.
También queda pendiente el modelo de retribución y de carrera profesional que tenga en cuenta el desarrollo profesional continuo.
Tampoco se olvidó de la conjunción entre la medicina pública y privada, algo que parece garantizado por los nuevos componentes de Gobierno.
Por último, el Diario Oficial de la Generalitat ha publicado con fecha de 4 de enero la nueva estructura del Departamento de Salut, a propuesta del conseller y del Gobierno. Así, queda compuesto por dos secretarías: la General y la de Estrategia y Coordinación; y dos direcciones generales: la de Salud Pública y la de Regulación, Planificación y Recursos Sanitarios.
