Cataluña
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E.M.C.
Madrid
“No habrá ni una nueva prestación más si no hay apoyo presupuestario”. Así de contundente se manifestaba el jueves pasado el nuevo consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, que en su primera comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento catalán expresaba la negativa de su Gobierno a asumir una nueva prestación sanitaria impuesta por el Gobierno.
El consejero catalán no está dispuesto a repetir experiencias como la de la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, por ejemplo, cuya implementación ha costado a la Generalitat casi 14 millones de euros en 2010. No volverá a suceder en adelante, argumentó, porque resta capacidad de acción a los servicios que están en marcha.
De este modo, Ruiz se plantó de frente al criticado ‘yo invito y tú pagas’ del ministerio, una queja frecuente por parte de los consejeros del ramo de diferentes CC. AA. en las reuniones del Consejo Interterritorial, en las que aún no ha participado.
El departamento también analizará las prestaciones que se han ido introduciendo sin el apoyo económico del ministerio, entre ellas la atención podológica a pacientes diabéticos y la salud bucodental. Su intención no es eliminarlas, sino “priorizar” su uso para beneficiar a quienes más lo necesitan.
Con medidas de este tipo el nuevo Gobierno pretende hacer frente a un déficit heredado de 850 millones de euros en la sanidad catalana. Forman parte de una de las líneas generales que esbozó durante su comparecencia, en la que también situó a los profesionales en el punto de mira. Y no precisamente para ensalzar su contribución. El consejero subrayó que los trabajadores del sistema público deberán aumentar su productividad y trabajar también más horas para que el sistema de salud de Cataluña sea sostenible, algo que no es posible, según sus palabras, con 35 horas semanales. Su referencia son las 40 horas vigentes en épocas cercanas, destacó. Ruiz reclamó el compromiso de los profesionales del sector y de sus representantes con el sistema, así como del resto de la sociedad catalana, que debe “ser consciente de las dificultades” por las que atraviesan.
La respuesta sindical no se hizo esperar. Metges de Catalunya calificó como “inadmisible” la petición de ampliar la jornada de trabajo y recordó al consejero que la del médico es la más larga en el sistema sanitario. Su secretario general, Antoni Gallego, calificó como “desafortunadas” las declaraciones de Ruiz y aseguró que el colectivo no está dispuesto a ser demonizado y a que se les ponga bajo “la lupa de la sospecha”.
Soluciones a la crisis
En cualquier caso, el consejero defendió el modelo sanitario catalán, una fórmula “que aboga por la equidad como valor, no solo administrativo” y “que se ha de preservar, porque en él se encuentran las soluciones a la crisis”.
La búsqueda de una salida se canalizará también reduciendo la estructura administrativa de su departamento, según anunció, y con otras medidas como la implantación de una factura informativa para los ciudadanos con el coste de la asistencia en 22 centros de salud de Gerona.
El consejero también pasó de puntillas por la solicitud que a principios de semana realizaba su colega de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Coll, que pedía al Estado la transferencia a la comunidad de hospitales como el Vall d’Hebron, Bellvitge y el Germans Trias i Pujol, pertenecientes a la Seguridad Social, con los que el Gobierno catalán prevé realizar operaciones denominadas de lease back, una especie de hipoteca suscrita con entidades financieras que permitiría que los hospitales se mantengan como un bien público. Defendió la medida como fórmula para combatir la infrafinanciación crónica que sufren, y desmintió que estos centros vayan a ser vendidos, como se ha dejado caer en estos días.
