Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
En el Ministerio de Sanidad, todo lo que huela a Trinidad Jiménez tiene fecha de caducidad. La frase, formulada al poco de llegar Leire Pajín al madrileño Paseo del Prado por un técnico que lleva años ejerciendo sus funciones en este departamento, tiene visos de cumplirse en todos sus extremos. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, y sin contemplaciones de ningún tipo, la ministra de Política Social e Igualdad, y de Sanidad cuando el tiempo se lo permite y le restan ganas para ello, está certificando a rajatabla con sus actuaciones la funesta predicción. Fruto de esta premisa de partida es el goteo continuo de altos cargos al servicio de la malagueña que van cayendo lentamente del organigrama oficial vigente, en un proceso que se desató a comienzos de noviembre del pasado año y que todavía no ha concluido, ni mucho menos.
Consuelo Sánchez Naranjo en la Subsecretaría; Francisco Moza, muy activo en la campaña de Jiménez contra Tomás Gómez, en las primarias socialistas de Madrid, en la Secretaría General de Política Social; Pablo Rivero, en la Dirección General de Calidad, o Cristina Avendaño, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Son sólo los nombres de algunos de los cesados en apenas cuatro meses de una larga lista en la que también se encuentran el subdirector de Informática o el subdirector de Habilitación, y que acaba de completar Ildefonso Hernández, el que fuera director general de Salud Pública desde los tiempos de Bernat Soria. A corto plazo, podría haber más, pues los rumores sobre posibles salidas todos los viernes en Consejo de Ministros no cesan. Uno que circula a menudo apunta incluso muy alto, por presuntas divergencias con la ministra del presunto afectado.
Sea como fuere, lo cierto es que muchas caras nuevas copan ahora el staff ministerial tras la purga desatada por Pajín. Una de las salidas más sorprendentes es la de Hernández, bien relacionado con un familiar de la propia ministra y sobre el que ha recaído en los últimos tiempos el peso de dos de las grandes normas de las que intentará presumir Pajín durante lo que resta hasta el final de la legislatura: la polémica ley antitabaco y la Ley de Salud Pública que, al final, fue aprobada por el Consejo de Ministros tras las pegas iniciales. La primera, martirio para las cuentas de Economía y para otro sector en crisis, como el de los hosteleros, le ha proporcionado al Ejecutivo el apelativo de “el Gobierno de las prohibiciones”. Habrá que esperar a conocer su efecto sobre la salud de los españoles, dado el fracaso de la primera normativa antitabaco y el riesgo potencial de que los fumadores se decanten por productos de mala calidad en lugar de por las cajetillas convencionales, ante la subida de precios de diciembre. La segunda norma, la de Salud Pública, constituye un fiasco en toda regla imputable a la Vicepresidencia Económica, que se opuso a la creación de una agencia tipo FDA para coordinar en España los dispositivos existentes, y al propio Ministerio, que retocó al cien por cien el texto durante las diversas fases de elaboración para contentar a todos, convirtiéndolo en un compendio de generalidades sin sentido alguno que, encima, incrementan la burocracia. La salida de Hernández, en cualquier caso, denota el mal ambiente imperante en Sanidad y la falta de diálogo desde que está Pajín, quien no se dignó siquiera a comunicarle en persona al afectado su destitución fulminante.
