jornada/ Los expertos abogan por desligar la gestión del sistema sanitario de la clase política para que sobreviva a la crisis económica y ética
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El secretario de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO., Antonio Cabrera, anunció durante la inauguración de la jornada que mantendrá una reunión este lunes con el Ministerio de Sanidad para abordar de nuevo el Pacto por la Sanidad, aunque espera que el encuentro no se quede en un mero trámite y sí suponga el impulso “definitivo”. Por su parte, la titular de este departamento, Trinidad Jiménez, aclaró que la deuda de entre 7.000 y 8.000 millones de euros del SNS no es nueva ni consecuencia de la crisis económica sino “estructural” y como tal se ha ido manejando, sin que las actuaciones sobre el gasto de 65.000 millones anuales —el 50 por ciento destinado a personal sanitario y entre el 25 y 28 a gasto farmacéutico— hayan afectado a la asistencia sanitaria. Además, añadió que, gracias a las medidas adoptadas por el Consejo Interterritorial, la sostenibilidad se ha reforzado y no se puede decir que el SNS esté en quiebra.
MÓNICA RASPAL
Madrid
La recesión que atraviesa nuestro país debe afrontarse como un desafío a superar por los servicios del Estado de bienestar que deben incorporar los conceptos y prácticas de buen gobierno como única salida para conseguir una sanidad sustentada sobre la credibilidad a lo político y lo público.
En esta premisa se sustenta el “kit de supervivencia” defendido por los expertos durante una jornada organizada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, en la que tanto Vicente Ortún, director del Centro de Investigación de Economía de la Salud, como José Manuel Freire, profesor de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, coincidieron en destacar el “deterioro institucional” y la “falta de transparencia” como los grandes males que padece el Estado español y que condicionan el buen gobierno de la sanidad.
Para Ortún, si no mejora la política, la gestión sanitaria no mejorará por muchas técnicas de benchmarking o coaching que se implanten. Considera que España está “estancada” en un mundo que camina, sumida en una partitocracia con gestores cuyo futuro depende de un partido y aquejada de la “corrupción legal” que supone la quiebra de las normas éticas y sociales —por ejemplo, filtrar información sobre cómo ganar un concurso público—. “No es eficiente ni equitativo un Estado que funciona por recomendaciones, en el que no se mide la media de gasto y no se evalúan las propias regulaciones”, añade.
En su opinión, esto se debe atajar con transparencia y mirando hacia quienes mejor lo hacen (los cuatro países escandinavos y Holanda), acordando procedimientos y principios con organismos independientes e intersectoriales y abriendo la puerta a nuevas fórmulas de gestión en las que se valore el grado de competencia por comparación, que afecta más al comportamiento de la entidad que a la propia forma organizativa y estimula la innovación. “Un monopolio público no mejora por convertirse en privado y viceversa”, matiza.
Según Ortún, el sistema sanitario no es un asunto de euros sino de funciones y necesita de profesionales autónomos y responsables para organizarse y de una financiación que esté un poco más ligada —en torno al 10 por ciento del presupuesto—a las variabilidades de dedicación y rendimiento, pues el absentismo laboral en los hospitales se cifra en un 18 por ciento.
Desligados de lo político
En la misma línea, Freire apuesta por diseñar estructuras en las que los políticos estén protegidos de sus propias debilidades, con códigos de conducta para los nombramientos públicos y negociaciones colectivas en base a criterios objetivos y evaluables. “España es el único país en el que los directores de hospital cambian cuando cambia el Gobierno”, apunta, por lo que propone que los consejos de administración y directivos estén desligados de la clase política, una medida eficaz que se puede implantar inmediatamente con poco impacto en la gestión, así como que los médicos declaren las cifras que reciben de la industria farmacéutica. Para ambos expertos es fundamental separar el sistema sanitario público de la Administración creando una Agencia del SNS como órgano decisorio sin condicionantes ya que en el Consejo Interterritorial se enfrentan rivalidades políticas.
