Gasto/ El consejero de Salud, Ramón Quirós, estudia medidas en la misma línea
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El PP gallego blinda su catálogo ante el anuncio de recurso del Gobierno central
Andalucía analiza si el RD que valorará el CISNS choca con su plan estratégico
C.R./E.M.C.
Madrid
El consejero de Salud de Asturias, Ramón Quirós, seguirá la estela de Galicia y Andalucía para reducir el gasto farmacéutico en su comunidad. En línea con las estrategias de ahorro farmacéutico de ambas comunidades, ha anunciado que el Sespa y la Dirección General de Salud y Participación ultiman un conjunto de medidas para mejorar la prescripción y el uso racional de los medicamentos. Además, el Gobierno regional baraja la implantación de otras herramientas para la mejora de la gestión y el empleo de nuevos circuitos de compra centralizada.
Quirós incide en que es hora de hacer un esfuerzo colectivo y asegura que son medidas imprescindibles para seguir haciendo “lo que se necesita dentro del presupuesto que se tiene”.
El catálogo gallego avanza
Mientras tanto, el catálogo gallego sigue su curso. El portavoz de Sanidad del PP en el Parlamento gallego, Miguel Santalices, aseguró la semana pasada que “Galicia contará con un catálogo priorizado de productos farmacéuticos y se financiarán los de menor precio del nomenclátor nacional”. De este modo, quitaba hierro al paquete de cambios propuesto por su grupo, que el Grupo Socialista gallego calificó de “enmienda de totalidad”. Sin embargo, los populares aseguran que las modificaciones “no cambian” el espíritu de la proposición, sino que la dotan de mayor seguridad jurídica ante el anuncio del Gobierno central de su intención de recurrirla.
Y, desde luego, con la nueva redacción, la propuesta estaría más blindada que antes frente a posibles objeciones estatales o sectoriales. De hecho, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, dijo la semana pasada que el ministerio apreciaba “una redefinición del planteamiento para adecuarla a lo que puede ser el marco competencial”.
Para ello, el PP ha introducido modificaciones en todos y cada uno de los artículos, incluida la exposición de motivos, con repetidas referencias al nomenclátor oficial del ministerio y a la Ley de Garantías. Así, para empezar, la proposición no hablaría directamente de “crear” un catálogo a partir del nomenclátor, sino de “establecer” las medidas necesarias para mejorar, y respetar así el listado de Sanidad y el procedimiento para la prescripción y dispensación de los medicamentos. Asimismo, se añade que los criterios para elaborar el catálogo serán los establecidos en la Ley de Garantías, y que toda modificación del mismo vendrá siempre dada por los precios menores establecidos por el ministerio.
Y para acabar con las críticas, la exposición de motivos es clara. Según el PP, “el catálogo asegura el mismo nivel de prestación farmacéutica que existe en cualquier punto del SNS pero a un coste asumible de cara a conseguir la viabilidad del sistema sanitario público de Galicia, ahora y en el futuro”.
Las enmiendas del BNG, únicas susceptibles de ser aprobadas, añaden los productos sanitarios allí donde el PP sólo habla de medicamentos, y pretenden asegurar que los fármacos incluidos en el catálogo cumplan dos condiciones: que estén comercializados y que estén asegurados su abastecimiento y distribución en toda Galicia. Por su parte, las enmiendas del Grupo Socialista ponen el acento, como ya anunciaron sus responsables, en los derechos de los ciudadanos gallegos en relación con la prestación farmacéutica y en la apuesta por la PPA.
En Andalucía, el temor ahora es que alguno de los reales decretos que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estudiará para establecer el procedimiento de financiación de los productos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS pueda “colisionar” con la estrategia regional, que aboga por sacar a concurso público determinados medicamentos. Su consejera María Jesús Montero ha explicado que valorarán si están en línea o no con alguna de las materias en las que actualmente trabaja la Junta.
