Gasto/ Las comunidades tendrán que recortar 15.600 millones de euros en 2012, casi el mismo valor de los créditos para el pago a proveedores

El CPFF aprueba liquidez por el valor del recorte

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E.m.C. Madrid | viernes, 09 de marzo de 2012 h |

Si las comunidades autónomas aplicaran un recorte lineal para cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado martes, la sanidad tendría que renunciar este año a 6.240 millones de euros. Es el 40 por ciento, la proporción del gasto sanitario en la media de los presupuestos regionales, de los 15.600 millones de euros que supondrá el recorte en las cuentas autonómicas en 2012.

Un ajuste global sin precedentes en el que se mostraron de acuerdo todos los consejeros de Economía y Hacienda populares durante el CPFF celebrado con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en el que expresaron su compromiso de cumplir el objetivo de déficit.

Sólo Andalucía, en la antesala electoral, votó en contra de la medida, con el argumento de su consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, de que “pone en riesgo el estado del bienestar”.

Cataluña y Canarias también se abstuvieron. La postura catalana estará condicionada a los presupuestos, tal y como advirtió su consejero, Andreu Más. Mientras Canarias acusó al gobierno de obligar a firmar “un cheque en blanco” sin dar a conocer el recorte que aplicará en los ingresos y sin “aclarar” sus decisiones en los servicios públicos esenciales, un punto en el que no recibieron ninguna indicación por parte de Montoro. “El estado debe proteger la sanidad, la educación y las políticas sociales por encima de todo”, subrayó su titular de Hacienda, Javier González Ortiz.

Los responsables regionales se afanan ya en buscar nuevas áreas de ahorro. Castilla-La Mancha tendrá que recortar 2.200 millones de un presupuesto total en 2011 de 8.600, prorrogado este año. Cataluña tendrá que ahorrar 1.500 millones más al margen de los ajustes aplicados para completar el recorte total exigido de 4.400 millones, y Extremadura tendrá que ampliar sus medidas de ahorro para alcanzar los 550 millones de euros que deben restar a sus cuentas regionales si aspiran a cumplir con el objetivo.

A cambio de este esfuerzo, el gobierno ha lanzado a las comunidades un señuelo en forma de liquidez para afrontar el pago a proveedores. Un total de 35.000 a disposición de ayuntamientos y regiones, de los que 15.000 se destinarán a estas últimas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que las entidades españolas y el ICO participan en este dispositivo. Los préstamos, que primarán la antigüedad de la deuda en lugar de la quita, se pagarán en diez años, con dos de carencia en los que solo se abonarán intereses.