| viernes, 30 de mayo de 2014 h |

Más de un 17 por ciento de los médicos del sistema sanitario público está fuera de la plantilla estructural de los servicios autonómicos de salud; es decir, no se encuentran recogidos en los presupuestos regionales. La cifra podría ser incluso mayor. Los datos analizados por este periódico sólo recogen las cifras de 14 comunidades autónomas, ya que Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias se han negado a aportar sus cifras de eventualidad. Ante la negativa de las consejerías de sanidad a facilitar estas estadísticas, los sindicatos de estas regiones ni siquiera se atrevían a realizar una estimación sobre la plantilla.

La situación llega a límite insospechados en Andalucía y la Comunidad de Madrid. La primera cuenta con 7.000 u 8.000 eventuales, entre el 40 y el 50 por ciento de la plantilla médica, según las estimaciones que ha realizado CESM en esta región y la Asociación de Eventuales del SAS. En la autonomía madrileña alrededor de una cuarta parte se encuentra con contratos temporales, según los datos que ha aportado el sindicato Amyts.

Se trata de una muestra más de la opacidad del sistema. Esta realidad impide introducir iniciativas que permitan evaluar la eficiencia de las medidas adoptadas por las diferentes administraciones. Pero el hecho de que casi una quinta parte de la plantilla no se encuentren recogida en ninguna partida presupuestaria pone de manifiesto otra lectura negativa: la mala planificación de los recursos del Sistema Nacional de Salud.

La carencia de datos deja en evidencia una vez más la necesidad de implantar un registro de profesionales sanitarios, que permita conocer la composición de las plantillas por categorías profesionales con el fin de determinar cuáles son las necesidades del sistema. Se trata de una medida urgente ante una situación de crisis económica y de escasez de recursos a la que no ha podido dar respuesta la ministra Ana Mato. No se pueden centralizar las culpas. Tanto la actual titular de Sanidad como sus predecesores se han encontrado con la falta de transparencia de un importante número de comunidades autónomas, que temen entrar en comparaciones.

Que casi una quinta parte de la plantilla no esté recogida en presupuestos muestra
una mala planificación