Después de los continuos enfrentamientos en los tribunales de justicia, las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATE) comienzan a funcionar en Andalucía. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado la resolución por la que comunica que adjudica nueve de los 22 lotes previstos en la oferta inicial a cuatro de las ocho compañías farmacéuticas que acudieron al concurso; es decir, 13 paquetes han quedado desiertos “por falta de presentación de ofertas”.
La Junta confiaba en obtener unos ahorros de 12 millones de euros con esta medida. Las previsiones han cambiado, aunque fuentes de la Consejería de Salud no supieron especificar la reducción de gastos que supondrá la adjudicación del 41 por ciento de la oferta.
Entre los 13 lotes desiertos destacan los inhibidores de la proteasa y el interferón pegilado, ambos dirigidos al tratamiento de la hepatitis C crónica; los anticuerpos monoclonales contra el cáncer colorrectal metastásico, KRAS nativo; los dos lotes de análogos de LHRH para el carcinoma de próstata hormonodependiente, y otros dos para Anti-TNF, destinados a la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosante.
Desde que la Junta de Andalucía inició los trámites del concurso, las sociedades científicas, los profesionales médicos y los pacientes se han mostrado especialmente críticos con esta iniciativa, ya que podría ir en detrimento de la libertad de prescripción del facultativo. En su resolución, el SAS insiste en que no debe afectar a este principio. “Los centros del Servicio Andaluz de Salud solo podrán adquirir los medicamentos seleccionados para cada uno de los lotes, sin perjuicio de que el criterio del facultativo determine otro tipo de prescripción específica en base a otras patologías presentes o comorbilidades asociadas a un paciente concreto”, según el texto.
Problemas en los tribunales
En agosto de 2013 vio la luz el Acuerdo Marco de homologación para la selección de principios activos (comúnmente conocido por ATE) y desde su nacimiento ha estado señalado continuamente por distintos recursos judiciales. Tanto las patronales del sector (Farmaindustria y Asebio) como compañías y asociaciones de pacientes siempre pusieron en tela de juicio la legalidad de conformar lotes con principios activos diferentes, además de una posible vulneración de las competencias del ministerio de Sanidad.
Hasta la fecha de esta resolución del SAS, las ATE han sufrido dos suspensiones cautelares del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de Andalucía. La primera de ellas obligó a la Consejería de Salud a volver a redactar los pliegos por defectos formales, si bien la idea de Alternativa Terapéutica no fue valorada por este tribunal. La segunda suspensión cautelar, motivada por el aluvión de recursos, ha durado algo más de un año si bien el SAS ha conseguido finalmente su objetivo.
Pero este vía crucis judicial no ha terminado para Andalucía. Tras la negación del TARC andaluz a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión (la idea de ATE) diversos actores como Farmaindustria o Roche han decidido continuar su batalla y han presentado sendos recursos ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. Según Sara Castelo, jurista experta en contratación pública, “este juzgado deberá fallar a favor de los recurrentes”.
