La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha exigido a el cumplimiento de los acuerdos de 2007. Además, el sindicato ha rechazado la represalia contra los centros de salud a los que se les niega la evaluación y la productividad.
De forma reiterada en estos años, Amyts ha venido exigiendo el cumplimiento íntegro de estos acuerdos, que supusieron una mejora sustancial en las condiciones laborales de los facultativos del Sermas. La organización asegura que la Administración, ha retrasado deliberadamente el cumplimiento de los acuerdos, hasta que como “efecto colateral” de la crisis, o con su excusa, paralizó la aplicación de los mismos, incluso de aquellos que en parte ya se habían puesto en marcha.
En este sentido, según Amyts, “con motivo del anuncio del presidente de la Comunidad, Ignacio González, de hacer interinos a 5.000 eventuales, la dirección general de Recursos Humanos cumple el mandato del presidente y en un tiempo récord para los habituales llega a un acuerdo con cinco organizaciones sindicales con presencia en Mesa Sectorial, todas a excepción de AMYTS”. De este modo, establece un procedimiento para nombrar interinos que a juicio del sindicato “sólo para los facultativos de hospital introduce la subjetividad y por ello abre de par en par la puerta a la arbitrariedad, a la vez que permitirá que profesionales con mas méritos no accedan a interinidades, sólo por tener un contrato en el lugar equivocado en el momento oportuno”.
Por otra parte, aseguran que la Administración, por medio de la Gerencia única de Atención Primaria y la Dirección General de Recursos Humanos, castiga de forma evidente a los profesionales de 90 centros de salud con la exclusión de la valoración de su actividad a la que están obligados y posterior impago de la productividad variable. En este sentido, lo entienden como una represalia tardía e injustificada, que no puede tolerar, ya que son estos centros de salud los que de una manera clara y contundente se manifestaron contra la privatización.
Por todo ello, la central ha encargado a sus servicios jurídicos el inicio de los trámites para establecer los correspondientes recursos judiciales contra estas decisiones, que entiende no ajustadas a derecho y profundamente injustas.
