A. L. S. Madrid | viernes, 15 de enero de 2016 h |

Acceso, continuidad y equidad. Estos son los principios que reiteró Aquilino Alonso como los objetivos de su mandato al frente de la sanidad andaluza. Varias herramientas para ello, la más destacada la Ley de Garantía y Sostenibilidad que se presentará al Parlamento andaluz en el primer semestre. El consejero, preguntado por esta publicación por la diferencia de gasto per cápita en sanidad entre comunidades autónomas durante los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, restó importancia a la inversión en esta materia e hizo hincapié en mirar los resultados en salud. “Que miren los resultados en salud, que los revisen. Nuestros resultados del barómetro son de los mejores en España y en Europa. Es posible dar la misma calidad con 600 euros menos de inversión”, aseveró.

En este punto, Alonso, propuso que la salud sea considerada un derecho fundamental en la Constitución con el fin de que los ciudadanos puedan defender directamente en un tribunal sus derechos sanitarios.

Paralelamente, el consejero andaluz también ha pedido a Podemos que concrete su modelo sanitario con cuyas líneas generales, en principio, coincide ya que son muy genéricas, como la universalidad, gratuidad o importancia a la prevención, “y todo el mundo las puede compartir”, pero con las cuales no puede deducirse cuál es su modelo. “Hay que bajar al terreno para conocer cómo se van a plasmar realmente todas esas iniciativas”.

En materia farmacéutica, Aquilino Alonso recalcó que la Junta seguirá adelante con las subastas de medicamentos, si bien “están abiertos a posibles mejoras y a la búsqueda de fórmulas diferentes”. En este sentido, afirmó que están explicando a los grupos políticos cómo es el modelo y que las posiciones de los mismos aún están por ver. “Seguiremos con este modelo —que por cierto, se utiliza mensualmente en Alemania y que nos ha permitido ahorrar 121 millones de euros— hasta que no tengamos una propuesta encima de la mesa que nos permita conseguir los mismos recursos”, apostilló.

Incorporación de la innovación

Respecto a la incorporación de los nuevos tratamientos en el catálogo, Alonso pidió más transparencia y más participación de las comunidades. En este contexto, aludió a la importancia del sector farmacéutico dentro del Sistema Nacional de Salud y, por ello, hizo una llamada a la responsabilidad social de las compañías en lo que a fijación de precios respecta para que no se den situaciones como lo acontecido con la hepatitis C. “La negociación debe ser siempre transparente y nadie debe salirse del ámbito”, aseveró aludiendo a que alguna parte del sector tuvo al principio “un comportamiento difícil”.

Sobre la inclusión en la comunidad de la vacuna de la tosferina, el consejero se mostró tajante al señalar que no entrará hasta que no se decida así en el Consejo Interterritorial. “No se puede ir a salto de mata en la toma de decisiones del calendario vacunal, deben tomarse las decisiones en la Comisión de Salud Pública. Cualquier otra fórmula lleva a la ruptura de la coherencia del sistema”, matizó.

Prescripción enfermera

El consejero puso el acento durante su intervención en la relación que debe haber entre los servicios sociales y los sanitarios. Hizo referencia a la colaboración que se establece tanto en la Ley de Servicios Sociales como el Plan andaluz de enfermedades crónicas, donde el liderazgo de los equipos parte de la atención primaria en colaboración con el área social. Asimismo, en referencia a este último plan añadió que cuenta con un marco de gestión clínica, mediante unidades orientadas a la mejora de los resultados en salud, con la participación y la autonomía de los profesionales.

Otro de los objetivos de este plan es el uso racional de los medicamentos, ya que, según comentó Alonso, el gasto anual de los crónicos en fármacos alcanza los 1.000 millones de euros y el uso inadecuado de los mismos supone la cuarta causa de muerte. Por esta razón se está haciendo una revisión de los pacientes con potenciales problemas de prescripción, y al mismo tiempo, avanzando en medidas para evitar “la medicalización”.

En este punto el consejero hizo referencia a la capacidad de resolución de los profesionales de enfermería, que desde 2009 pueden prescribir en la comunidad y que cada año registran más de 3 millones de órdenes. Así, defendió a ultranza este modelo y recalcó que no están dispuestos a dar un paso atrás. “Estamos a la espera de un informo jurídico que determine si el RD nacional invade nuestras competencias. Si es así, iremos al Constitucional”, concluyó.