viernes, 22 de abril de 2016 h
La Ley de Dependencia no estaba en el orden del día del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, pero algunas comunidades autónomas entre las que se encuentran Aragón, Extremadura y Baleares la han introducido en ruegos y preguntas tanto, su financiación, como los retos de la incorporación de moderados al sistema y la necesidad de un plan de infraestructuras y de una evaluación. De hecho, para algunas regiones como Castilla-La Mancha o Andalucía, la financiación debería ser al 50 por ciento entre las comunidades y el Estado.
