| lunes, 24 de mayo de 2010 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

El ‘tijeretazo’ sanitario impuesto por sorpresa por José Luis Rodríguez Zapatero, con el desconocimiento absoluto de Trinidad Jiménez y todo su equipo, va a tener efectos mucho más negativos que positivos para el hundido Sistema Nacional de Salud (SNS). Por un lado, el modelo de financiación y de reparto de fondos no finalista vigente en España no garantiza que los 1.300 millones que se ahorrarán —esta vez sí serán reales— mediante la brutal rebaja del precio de los fármacos innovadores y el establecimiento de la unidosis vayan a parar finalmente a la sanidad. Dicho en cristiano: serán las autonomías las que decidan libremente, en el ejercicio de sus competencias, si destinan lo obtenido por el Estado mediante tal vía a concluir hospitales en obras, pagar en plazo a los proveedores de productos o tecnología o liquidar salarios, o bien a construir colegios o a enjugar su déficit, por poner sólo dos ejemplos. La experiencia en este sentido es demoledora para la sanidad, por lo que pocas esperanzas caben de que tal vía vaya a servir para rescatar al sistema de la situación de práctica bancarrota en la que se encuentra. Así de incongruente es el Estado de las autonomías.

El otro efecto negativo que se producirá es el de la deslocalización. Deslocalización de empresas farmacéuticas, cuya patronal, Farmaindustria, ya ha avisado de 20.000 despidos, y del cierre de laboratorios y su traslado a otras latitudes más benignas con la investigación y el desarrollo. Y, por supuesto, deslocalización de la masa crítica conformada por los investigadores y de los profesionales. Si cruel es la bajada de entre un 10 y un 15 por ciento del precio de los fármacos que no han perdido la patente, no lo es menos tampoco en este sentido la rebaja de un 5 por ciento del salario de médicos, enfermeras y auxiliares que se producirá en cascada en el segundo semestre del año. Los servicios de salud de las comunidades se aprovecharán en masa, aquí sí, del desgaste que ha asumido el Gobierno por no haber sido previsor a su debido momento.

La medida constituye, desde luego, la puntilla para los recursos humanos sanitarios en España. El traslado a la privada y la fuga al extranjero vuelven a reavivar el debate de la política de personal seguida estos seis años por el Gobierno, un drama con cara y ojos hacia el que ni Elena Salgado primero ni Jiménez después han querido mirar. El ‘tijeretazo’ del Ejecutivo reabre la puerta de las salidas masivas en busca de trabajo mejor remunerado hacia el extranjero, y también la de entrada de profesionales foráneos dispuestos a ejercer en la sanidad pública por menos dinero y sin una cualificación siempre debidamente acreditada, bajo la insólita pasividad ministerial. Llamativo ha sido en este sentido el elocuente silencio de las organizaciones profesionales, con la honrosa excepción de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y del Consejo General de Enfermería. Poca voz de alarma ha habido más ante tamaño problema, no precisamente incentivador de la implicación de los trabajadores en los centros de salud y hospitales de toda España. La manida frase de “los profesionales son el eje del sistema” vuelve a esfumarse en el aire.

La rebaja pone además aún más negro, si cabe, el futuro de los mestos, despreciados por las mismas autoridades que abrazan a médicos de dudosa preparación en su especialidad y agigantará el problema de la falta de especialistas en áreas concretas. Se espera que los colegios, tan guerreros en el fragor de la batalla de la Ley Ómnibus, se batan el cobre en este caso, porque no está en juego una mera rebaja salarial, sino el sometimiento perpetuo de los empleados sanitarios a unas condiciones laborales más que precarias.