Federico
de Montalvo,
Vicepte. del Comité
de Bioética de España
| viernes, 19 de febrero de 2016 h |

Recientemente el Comité de Bioética de España del que tengo la suerte de ostentar su vicepresidencia ha publicado un Informe sobre el debate ético-legal en torno a las vacunas, “Cuestiones ético-legales del rechazo a las vacunas y propuestas para un debate necesario”. Dicho informe surge de la propia iniciativa del Comité y responde a la preocupación que en varios de sus miembros suscita que, siendo las vacunas una de las principales armas terapéuticas en la lucha contra las enfermedades infecciosas, por algunos sectores y grupos se vengan poniendo recientemente en duda sus excelencias, lo que contradice la evidencia científica.

El informe, como se deduce claramente de su propio título, no pretende ser un documento que aporte soluciones concretas sino llamar a la reflexión acerca de lo que está ocurriendo en el debate de las vacunas. Además, a los miembros del Comité nos preocupa especialmente que dicho debate vaya más allá del plano académico o profesional y que haya tenido y seguramente pueda seguir teniendo en el futuro consecuencias sobre personas concretas y, singularmente, sobre los menores de edad cuyos padres se niegan a que sean vacunados, esgrimiendo no ya argumentos religiosos o morales, sino otros bien distintos basados en una presunta verdad pseudocientífica que carece de todo apoyo en la literatura médica más contrastada.

Nos llama la atención que, si bien los poderes públicos están absolutamente concienciados de las virtudes de las vacunas y no se aprecia quiebra alguna en su defensa, no haya una respuesta más firme a los denominados movimientos antivacunas.

Para atajar el problema que no es especialmente grave en la actualidad, más allá de algunos casos injustificables como el ocurrido en Barcelona antes del pasado verano, pero que puede complicar en el futuro la lucha a favor de la salud pública, existen diferentes soluciones; véase, políticas de educación e información, incentivos económicos o en especie e, incluso, la discutida vacunación obligatoria. Respecto de éstas, el Comité se postula a favor de acudir a todas ellas de manera que la lucha a favor de las vacunas se vea dotada de un haz muy completo de instrumentos legales y políticas públicas, aceptándose, incluso, para casos muy específicos y de mayor riesgo para la población, la aplicación de la precitada vacunación obligatoria.

Por último, el Comité considera que los primeros que deben prestar su colaboración son los propios profesionales sanitarios, causando bastante perplejidad que las tasas de vacunación de dichos profesionales sean extraordinariamente más bajas que las de la población en general, sobre todo, en relación a aquellos que más posibilidades tienen de transmitir una enfermedad infecciosa a sus pacientes. Entendemos que el principio de primum non nocere exige de dichos profesionales adoptar una postura mas proactiva a favor de las vacunas cuando la ciencia ha demostrado con creces sus beneficios. Si una de las primeras medidas para luchar contra una de las mayores amenazas contra la salud como el tabaquismo fue concienciar e incluso prohibir a los profesionales fumar en la consulta o en los pasillos del hospital, dado que de otra manera era difícil inculcar una cultura ciudadana en contra del tabaco, algo similar creemos que debe hacerse con las vacunas.

Entendemos que los profesionales deben adoptar una postura mas proactiva
a favor de las vacunas