Pilar García-Gómez, presidenta
de la Asociación de Economía de la Salud
| jueves, 23 de octubre de 2014 h |

Si lo pensamos un minuto, en el ámbito de nuestra vida personal o profesional, no hacemos casi nada sin evaluar sus costes y consecuencias. Lo evaluamos (casi) todo: si nos gusta o no el último yogurt del supermercado; si los niños están contentos con las nuevas actividades extraescolares; si merece la pena pagar el coste adicional de algún extra en el vehículo; cómo podemos mejorar nuestro rendimiento en el trabajo y conciliar la vida personal con la laboral.

Si prácticamente sometemos a evaluación todas las decisiones que adoptamos diariamente ¿Por qué no hacemos lo mismo con las políticas públicas que afectan a nuestra salud? ¿Por qué no analizamos antes, durante y después las medidas de nuestros decision makers?¿Tienen un impacto bueno, malo o regular en la salud? ¿Cuál es el beneficio en salud que obtenemos por cada euro invertido?

La evaluación de las políticas es un elemento distintivo de una sociedad madura. Los ciudadanos, verdaderos propietarios del sistema sanitario, demandan una mayor transparencia a las administraciones, conscientes de que los recursos son limitados. Por tanto, nos encontramos en un contexto apropiado para ser valientes, y admitir que no sabemos si todas las políticas funcionan, y empezar a adoptar decisiones fundamentadas en la evaluación.

Hace falta más cultura de la evaluación. Posiblemente requiera valor y una nueva filosofía al abordar las políticas públicas, para entender que cuando evaluamos no siempre vamos a encontrar resultados complacientes con la gestión propia, pero que, la evidencia obtenida a partir de la evaluación nos permitirá mejorar nuestras políticas, y conseguir unos mejores resultados en salud en el medio y largo plazo. Necesitamos esa mirada a largo plazo, para que aspectos relacionados con desinversiones tecnológicas y reinversiones más coste-efectivas sean abordados en base a conclusiones fiables que se deriven de la evaluación económica.

En este sentido, un buen número de políticas deberían iniciarse con una fase piloto con objetivos definidos antes de su puesta en marcha. Dicha fase piloto debería ser evaluada desde la imparcialidad y con criterios de excelencia científica antes de extender la política, debiendo ser público el acceso a los datos para favorecer la transparencia y la réplica de resultados.

Y esta cultura evaluadora debe ser del mismo modo una herramienta clave en la toma de decisiones de financiación pública y fijación de precios. Así, la financiación selectiva debe incluir sólo aquellos productos cuyo valor añadido supere el coste de oportunidad, y los precios fijados deben retribuir la innovación sobre la base del valor que realmente ésta aporta, tal y como se hace en otros países de nuestro entorno.

Es por tanto, momento de hacer de la necesidad virtud, y aprovechar el impulso de la demanda por parte de distintos sectores de nuestra sociedad de una mayor transparencia, evaluación y rendición de cuentas para madurar hacia el Buen Gobierno de la Sanidad, que permita asegurar la sostenibilidad y continua mejora de nuestro sistema sanitario con la implicación de ciudadanos, profesionales, académicos y decisores políticos en el proceso.