Máximo González Jurado, Pte. Consejo General de Enfermería | viernes, 30 de octubre de 2015 h |

El viernes 23 de octubre será recordado por la enfermería española como una fecha nefasta, aquel día, en el último momento, con nocturnidad y alevosía, el Ministerio de Sanidad modificó ilícitamente el texto original de un real decreto, el de prescripción enfermera, a pesar de que éste ya había sido pactado con nuestra profesión, aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y dictaminado favorablemente por el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Estado español.

Una actuación a todas luces ilegal porque estas modificaciones introducidas en el texto del Real Decreto suponen una vulneración la Ley de Procedimiento Administrativo ya que, al afectar a fondo dicha norma, debería haberse reiniciado la tramitación mediante el correspondiente proceso administrativo previo, siendo otra vez necesaria su consecuente revalidación por el Consejo de Estado.

Los cambios en este precepto tendrán consecuencias gravísimas para nuestra sanidad ya que, a partir de su publicación en el BOE los enfermeros ya no podrán tomar decisión alguna respecto a un medicamento sujeto a prescripción médica sin que, previamente a cada actuación clínica, el médico realice, en cada caso y en cada momento, “un diagnóstico, la prescripción y la indicación del protocolo a seguir”, así como el posterior seguimiento de tratamiento. Esto supondrá un caos sin precedentes en la asistencia sanitaria y perjudicará gravemente a la continuidad de los cuidados, generando graves consecuencias a pacientes y profesionales sanitarios.

Un ejemplo claro de cómo la realidad sanitaria es contrario a este cambio en el decreto es la vacunación de la población gestionada directamente por los enfermeros. Son éstos los que realizan la prescripción siguiendo protocolos establecidos por las Consejerías de Salud de cada Comunidad Autónoma. Sin embargo, con la modificación del Real Decreto, al ser las vacunas medicamentos de prescripción médica, dicho procedimiento ha pasado a ser ilegal y, de seguir haciéndose así, los profesionales enfermeros estarían incurriendo en delito de intrusismo profesional al no poder acogerse jurídicamente al amparo legal de dichos protocolos. Lo mismo cabe decir respecto de miles de casos donde los profesionales enfermeros realizan la asistencia directa a la población como pacientes con úlceras por presión, atención de partos, medicación de crónicos, asistencia en urgencias, cuidados en residencias de personas mayores, curas de heridas y quemaduras, etc.

Esta traición del Gobierno del Partido Popular supone una vulneración al Estado de Derecho y va a provocar una involución en la Enfermería, retrotrayéndola 40 años atrás cuando éramos un mero oficio y no una profesión sanitaria con 6 años de formación (4 años de carrera y 2 de especialidad). El Ministerio ha actuado en contra de la Soberanía Popular, traicionando a los pacientes y a los profesionales enfermeros, pero también a los médicos, los que de verdad trabajan en la sanidad, aquellos que apuestan por el trabajo en equipo y no se identifican en nada con las organizaciones conservadoras y trasnochadas que dicen representarles.